Septiembre 2025. Indonesia atraviesa una de sus jornadas más turbulentas en años. Lo que comenzó como protestas contra los altos beneficios otorgados a los legisladores, incluyendo subsidios habitacionales de hasta 50 millones de rupias mensuales (10 a 20 veces el salario mínimo), se ha transformado en un movimiento nacional de indignación y exigencias de reforma .
El hecho detonante ocurrió cuando una patrulla policial mató accidentalmente a un repartidor en moto, provocando una ola de movilizaciones ciudadanas que se extendieron a más de 50 ciudades, incluyendo Jakarta, Surabaya, Bandung y Makassar . Al menos diez personas han muerto, más de 1.200 fueron detenidas, y decenas siguen desaparecidas .
En respuesta, el presidente Prabowo Subianto anunció una reducción de privilegios parlamentarios y suspendió viajes oficiales al extranjero, aunque advirtió que el Estado responderá con firmeza ante actos de violencia, calificando ciertos manifestantes como posibles “terroristas” .
Los estudiantes, sindicatos y colectivos de mujeres se han sumado a las protestas, demandando una investigación independiente sobre la conducta policial, el fin de la militarización de seguridad civil y el retiro del ejército de funciones de control interno .
La represión ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch denunció el uso excesivo de la fuerza y pidió que se termine con las detenciones arbitrarias. Ya se reportan más de 3.000 arrestos en todo el país .
Impacto regional se manifiesta en gestos simbólicos de solidaridad: en apoyo a los repartidores, ciudadanos de países vecinos realizan pedidos de comida a través de plataformas como Grab y Gojek, acompañados de notas que invitan a compartir la ayuda con las familias afectadas .
