Miguel Caro y su esposa adeudan más de $184 millones al SETP
Miguel Caro, transportador vinculado al Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), protagonizó una escena que paralizó la entrada del Palacio Municipal de Ibagué. Encadenado a una reja y con pancartas en mano, exigió respuestas por lo que él considera una ruina provocada por el modelo de operación del sistema y las decisiones de la administración local.
La imagen del hombre atado frente a la Alcaldía generó conmoción entre transeúntes y funcionarios. Pero detrás del drama, se esconde una cifra que ha encendido las alarmas: Caro, junto a su esposa, sería propietario de tres vehículos adscritos a la empresa Logalarza, operadora del SETP, y acumularía una deuda que supera los $184 millones.
A su lado estuvo Michael Cepeda, otro transportador que también se encadenó en señal de protesta. Aunque su presencia fue menos mediática, los documentos internos revelan que su vehículo, una buseta con placa WTM-399, registra una deuda de $71 millones. Entre ambos, la cifra total superaría los $250 millones.
La empresa, tras reiterados incumplimientos, habría iniciado el proceso de desvinculación de los vehículos morosos, aplicando sus normas internas y los contratos vigentes. “La empresa reitera su compromiso con la transparencia, el cumplimiento y la correcta operación del sistema”, indicó Logalarza en un comunicado oficial.
Los vehículos de Caro, identificados con placas WTM-232, WTL-237 y WTL-164, figuran en los registros como activos, pero con pagos atrasados que se habrían acumulado durante meses. Cepeda, por su parte, habría sido notificado en varias ocasiones sin respuesta efectiva.
Ambos manifestantes insisten en que el modelo del SETP es financieramente inviable y que las decisiones tomadas por la administración de Johana Aranda los han llevado a una situación insostenible. Su protesta, según ellos, busca visibilizar el abandono que sufren los pequeños propietarios dentro del sistema.
La escena del encadenado no solo atrajo la atención de medios locales, sino que también abrió el debate sobre la viabilidad del modelo de transporte público en la ciudad. Mientras Logalarza defiende su gestión y señala los incumplimientos contractuales, los manifestantes se presentan como víctimas de un sistema que, según ellos, favorece a unos pocos y castiga a quienes luchan por sobrevivir.
