Recientemente, la JEP ordenó la protección y conservación, tanto material como simbólica, del Cementerio Católico San Miguel Arcángel, ubicado en el municipio de Corinto, Cauca. Esta decisión fue tomada por las autoridades judiciales en respuesta a una solicitud presentada por diversos colectivos de víctimas de la región, que forman parte de un proceso judicial más amplio. La medida tiene como objetivo restaurar los daños causados a las víctimas, comunidades y territorios que fueron afectados por el conflicto armado en la zona.
El propósito de esta decisión es avanzar en el esclarecimiento de la verdad, en cumplimiento del principio de centralidad de las víctimas, que subraya la importancia de su participación en los procesos de justicia y reparación. Los informes proporcionados por las autoridades étnicas y las víctimas de los municipios de Corinto y Miranda, en Cauca, señalan que en este cementerio fueron inhumados, como cuerpos no identificados, miembros de las Farc-EP, así como personas que presuntamente fueron desaparecidas por la misma estructura guerrillera. Estos hallazgos convierten al cementerio en un lugar de gran relevancia dentro del proceso de búsqueda de la verdad histórica.
La medida cautelar ordena que varias entidades se responsabilicen de la custodia, protección e integridad de los Pabellones San Gabriel, San Antonio y San Rafael, que se encuentran dentro del Cementerio Católico San Miguel Arcángel. Las instituciones encargadas de ejecutar esta decisión son la Parroquia San Miguel Arcángel de Corinto, la Alcaldía de Corinto, la Gobernación del Cauca, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) y el Ministerio del Interior. Cada una de estas entidades debe tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad del sitio.
Además de garantizar la protección material de estos pabellones, la decisión también tiene un componente simbólico importante. El cementerio no solo es un lugar de descanso para quienes fueron víctimas del conflicto, sino que también representa un espacio de memoria histórica, clave para los procesos de reparación colectiva. La preservación de este sitio es esencial para las comunidades afectadas, pues contribuye a la restauración de la dignidad de las víctimas, ayudando en la construcción de la memoria y en la búsqueda de justicia.
