Johan González denuncia incertidumbre por contrato vial suspendido que afecta movilidad.
El contrato vial Prado–Dolores–Alpujarra fue presentado como una solución urgente para mejorar la movilidad regional, dinamizar la economía y reducir tiempos de viaje. Sin embargo, siete meses después de la fecha pactada de entrega, la obra permanece suspendida y sin señales claras de reactivación. El proyecto, suscrito entre la Gobernación del Tolima y el Consorcio Pavimentar 24, debía ejecutarse en diez meses y concluir en mayo de 2025, pero hoy continúa atrapado en trámites, documentos y silencios administrativos que inquietan a los municipios involucrados. Los registros oficiales muestran un proceso marcado por interrupciones sucesivas, decisiones tardías y una falta de información pública que alimenta la desconfianza ciudadana frente al manejo del contrato.
Según los documentos disponibles en Secop II, el contrato fue legalizado el 25 de junio de 2024 y estableció un plazo de ejecución claro. No obstante, la obra fue suspendida por primera vez en mayo de 2025 debido a restricciones para el tránsito de vehículos de carga pesada en Alpujarra. Aunque esa situación fue superada y se autorizó el reinicio el 22 de mayo, el avance fue mínimo. Incluso se concedió una prórroga de un mes, pero pocos días después se firmó el Acta de Suspensión número dos, el 19 de junio de 2025, argumentando razones técnicas asociadas al rediseño del tramo inicial tras los incendios forestales de septiembre de 2024. Desde entonces, no existe acta de reinicio ni cronograma actualizado.
El proyecto contemplaba el mantenimiento integral del corredor vial y la pavimentación de tres kilómetros estratégicos entre Prado y Dolores, además del tramo hacia el puente sobre el río Cabrera. Para las comunidades, la espera se ha convertido en frustración. Johan González, presidente de Asojuntas en Dolores, aseguró que no se observan intervenciones reales pese al tiempo transcurrido. Señaló que en la vía Dolores–Prado no se ha invertido recurso alguno, ni materiales, ni maquinaria, ni personal visible.
Sus palabras reflejan un sentimiento colectivo de abandono, mientras comerciantes, transportadores y habitantes rurales continúan enfrentando una carretera deteriorada que limita el desarrollo local. La ausencia de avances visibles y de información oficial mantiene el contrato en una incertidumbre administrativa y técnica que, por ahora, no ofrece respuestas. Autoridades departamentales no han explicado públicamente cuándo retomará la ejecución, cómo se ajustará el diseño, ni qué garantías existen para cumplir metas, plazos y recursos, mientras el silencio institucional prolonga la incertidumbre y deja a la región esperando soluciones concretas y verificables, sin fechas claras, responsables definidos ni informes periódicos oficiales disponibles hoy para consulta ciudadana.
