Lo que comenzó como una atractiva oportunidad de inversión terminó convirtiéndose en una pesadilla para una pareja de médicos, quienes aseguran haber sido víctimas de una millonaria estafa a manos de un grupo de presuntos empresarios que les ofrecieron participación en un exclusivo desarrollo urbanístico que, según sus denuncias, jamás existió.
Estafados
Entre septiembre de 2021 y noviembre de 2022, los profesionales entregaron más de 241 millones de pesos a la firma FIC Colombia S.A.S., convencidos de que hacían parte del proyecto “Luxury Living Bogotá”, una supuesta urbanización de alto estrato que sería construida en el sector de La Calera. La propuesta incluía rendimientos financieros por encima del promedio del mercado, respaldo internacional y una promesa de sociedad dentro de la empresa, según consta en documentos y testimonios entregados a la Fiscalía General de la Nación.
La historia empezó en 2020, cuando uno de los hermanos Rodríguez Sánchez —hoy denunciados penalmente— se presentó ante la pareja como un empresario con trayectoria. El contacto inicial derivó en la aparición de un segundo hermano, quien se identificó como socio de la firma brasileña CREATO Arquitectos y prometió acceso a una inversión respaldada por un fondo con operaciones en Emiratos Árabes, Brasil, México y Colombia.
En una reunión privada en Cajicá, los médicos recibieron un dossier llamativo de 23 páginas que incluía mapas, planos, proyecciones financieras y logotipos de supuestas compañías aliadas. También se presentó una lista de socios reconocidos —algunos del sector médico— que, según afirmaron los implicados, ya hacían parte del proyecto. La seguridad del terreno —100.000 metros cuadrados en La Calera— fue presentada como garantía.
Convencidos por la narrativa y los documentos, los denunciantes entregaron su primer desembolso de 125 millones de pesos en efectivo, seguido por otros pagos durante más de un año. Para formalizar el vínculo, recibieron una carta de aceptación como socios firmada por Aura Teresa Segura Castillo, representante legal de FIC Colombia S.A.S., junto con un memorando de entendimiento que detallaba su participación accionaria.
Pero hacia mediados de 2022, la ilusión empezó a resquebrajarse. No hubo avances en el terreno, las oficinas de la empresa cambiaron de ubicación sin justificación y los denunciantes comenzaron a recibir nuevas propuestas: participar en la apertura de cevicherías mediante la empresa FIC Alimentos S.A.S., que también estaba vinculada a los mismos presuntos responsables. Se les ofrecieron utilidades a cambio de firmar como codeudores en contratos de arriendo para nuevos locales, promesas que jamás se materializaron.
Según la denuncia penal, el grupo habría mantenido la farsa mediante reuniones ficticias de socios y entrega de información sin soporte financiero real. La pareja terminó comprendiendo que su papel se limitó a respaldar deudas y permitir el acceso a recursos sin ningún retorno legítimo.
El caso involucra a cuatro personas identificadas como Andrés Felipe Rodríguez Sánchez, David Felipe Rodríguez Sánchez, Nelson Eugenio Rodríguez Salazar y Aura Teresa Segura Castillo. La representación legal de la pareja, a cargo del abogado penalista Sócrates Saavedra, solicitó a la Fiscalía investigar los delitos de estafa agravada, enriquecimiento ilícito de particulares y cualquier otro que pueda derivarse del uso de documentos presuntamente falsos y estructuras empresariales ficticias.
“El contrato no borra el dolo. Desde el inicio se usaron artificios para inducir en error a las víctimas. Pedimos que se establezca la verdad detrás de FIC Colombia y si fue utilizada como fachada para obtener un beneficio económico indebido”, aseguró el abogado.
Aunque esta es apenas una de las denuncias, el caso podría tener dimensiones mucho mayores. Según ha podido conocer este medio, decenas de personas estarían afectadas por operaciones similares y el monto total de la defraudación alcanzaría cifras que superan miles de millones de pesos.
Mientras la investigación avanza, el temor de las víctimas es que los presuntos responsables desaparezcan sin que se haga justicia, dejando a su paso un rastro de promesas rotas y vidas afectadas por una sofisticada maquinaria de engaño.
