El Congreso de la República de Colombia aprobó recientemente una histórica reforma legal que prohíbe las bodas entre menores de edad en todo el país. La nueva normativa, que entró en vigor esta semana, busca garantizar la protección de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, poniendo fin a una práctica que, aunque ya restringida, aún se llevaba a cabo en algunas regiones del país.
La medida establece que, a partir de ahora, cualquier matrimonio o unión libre entre personas menores de 18 años será ilegal, independientemente del consentimiento de los padres o tutores. Esta reforma fue impulsada por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos que han denunciado los riesgos y las consecuencias negativas de estas uniones, especialmente para las niñas y adolescentes, quienes en muchos casos se ven forzadas a casarse a una edad temprana.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró la aprobación de la ley, calificándola como un avance significativo en la lucha por la igualdad de derechos y la protección de los menores. «Esta es una victoria para la niñez y la adolescencia colombiana. Nadie, bajo ninguna circunstancia, puede ser obligado a contraer matrimonio antes de alcanzar la plena madurez física, emocional y social», expresó el mandatario en un comunicado oficial.
Según estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, miles de menores de edad han sido víctimas de matrimonios tempranos en Colombia, lo que ha provocado graves consecuencias en términos de salud física y mental, educación y desarrollo personal. Las niñas son las principales afectadas, ya que en muchos casos estas uniones están relacionadas con la violencia de género y la inequidad social.
La nueva ley establece sanciones tanto para quienes celebren estos matrimonios como para los padres o tutores que den su consentimiento para la unión. Las penas incluyen multas y, en algunos casos, penas de prisión para los responsables. Además, el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) llevarán a cabo campañas de sensibilización para prevenir y erradicar esta práctica en comunidades vulnerables.
Si bien la reforma ha sido recibida con aplausos por organizaciones defensoras de los derechos humanos y sectores de la sociedad civil, algunos sectores conservadores han expresado su desacuerdo, argumentando que la medida podría interferir con tradiciones culturales o religiosas. Sin embargo, la prioridad de la legislación es asegurar el bienestar de los menores y prevenir situaciones que puedan poner en peligro su integridad.
Con esta decisión, Colombia se alinea con otros países de la región que ya han adoptado medidas similares, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos humanos y la erradicación de prácticas que violan la dignidad y autonomía de los menores de edad.
