Bogotá, septiembre de 2025 – El Gobierno colombiano oficializó recientemente su decisión de prohibir en forma definitiva y sin excepciones las exportaciones de carbón hacia Israel, fundamentándola en el respeto al Derecho Internacional Humanitario y la protección de la población civil víctima del conflicto en la Franja de Gaza.
Origen y base legal
El anuncio se formalizó mediante el Decreto 0949 del 28 de agosto de 2025, firmado por los ministerios de Comercio, Relaciones Exteriores, Minas y Energía, y Hacienda. La medida modifica el decreto anterior (1047 de 2024) y prohíbe explícitamente todo envío de carbón colombiano a Israel. Como explicación, el Gobierno argumenta que los principios del Derecho Internacional, los tratados de derechos humanos, y los compromisos adquiridos como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2025–2027, imponen una línea de coherencia política y moral. Además, se invocan excepciones previstas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en el acuerdo bilateral con Israel, que permiten restricciones en contextos de guerra y moral pública.
El contexto humanitario que justificó la medida
El decreto resalta el brutal recrudecimiento del conflicto entre el 18 de marzo y el 17 de junio de 2025: se reportaron 680.000 desplazados, 5.334 asesinados y 17.839 heridos, cifras que, acumuladas desde octubre de 2023, suman 55.637 muertos y 129.880 heridos en Gaza. Estas cifras reflejan la magnitud de la crisis humanitaria y justifican, desde la perspectiva oficial, la adopción de medidas en defensa de la vida y la dignidad humana.
Impacto económico y preocupaciones del sector privado
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) advirtió que esta medida podría deteriorar la credibilidad del país entre los inversionistas y afectar la seguridad jurídica. Juan Camilo Nariño, presidente del gremio, advirtió que “un país que desconoce los contratos firmados a largo plazo es un país que pierde credibilidad”, señalando también que cada millón de toneladas de carbón no exportado podría representar pérdidas de más de 200.000 millones de pesos para la economía nacional.
Las mismas compañías exportadoras, como Drummond y Glencore, han señalado que operan conforme a contratos previos y que aún hay mecanismos legales que podrían permitir ciertos envíos, aunque el Gobierno ha advertido que los contratos podrían ser cancelados si se detecta incumplimiento.
Efectividad y limitaciones de la medida
A pesar del decreto, investigaciones periodísticas señalan que entre septiembre y abril recientes se exportaron alrededor de 1,24 millones de toneladas de carbón a Israel, por un valor cercano a los 100 millones de dólares. Esta continuidad sugiere que el decreto ha tenido un impacto limitado, en parte por la falta de mecanismos sancionatorios claros y por la capacidad de las empresas de apelar a lagunas contractuales.
Adicionalmente, en julio, durante la Conferencia Ministerial de Emergencia del Grupo de La Haya sobre Palestina (copresidida por Colombia y Sudáfrica), se pusieron sobre la mesa medidas humanitarias y diplomáticas como cortar el suministro de armas a Israel y revisar contratos públicos para evitar contribuciones indirectas a la ocupación israelí, aunque se reconoció que las exportaciones de carbón persistían pese a la postura oficial.
