En Colombia, el matrimonio infantil ha sido un problema persistente, especialmente en áreas rurales e indígenas. Sin embargo, en noviembre pasado, las congresistas Jennifer Pedraza y Alexandra Vásquez lideraron una iniciativa que llevó a la aprobación de una ley para prohibir esta práctica. Posteriormente, en febrero, la Corte Constitucional declaró la ley como inconstitucional, lo que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las niñas en el país.
La ley se enfocó en la prevención y educación, evitando un enfoque punitivo que pudiera tener efectos contraproducentes.Diversos sectores de la sociedad civil, académicos, activistas y fundaciones contribuyeron con testimonios y datos que reforzaron la necesidad de esta prohibición. Además, organismos internacionales brindaron apoyo, destacando la importancia de erradicar el matrimonio infantil.
El principal desafío ahora es garantizar la financiación y la implementación efectiva de políticas públicas que aseguren el impacto real de la ley en todo el territorio nacional. La colaboración continua entre el gobierno, las organizaciones civiles y la comunidad internacional será crucial para erradicar esta práctica y proteger los derechos de las niñas colombianas.
