Procuraduría suspendió a profesor señalado de acosar sexualmente a dos estudiantes menores de edad en Sucre

La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a un profesor de informática en Buenavista, Sucre, tras denuncias de acoso sexual contra dos estudiantes menores de edad. La investigación busca esclarecer los hechos y garantizar la protección de las víctimas en el entorno escolar.
Investigación a docente por acoso
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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra José Carlos Jiménez Turizo, profesor de informática en la Institución Educativa de Buenavista, Sucre, por presuntas conductas de acoso sexual en contra de dos alumnas menores de edad. Como medida preventiva, el Ministerio Público ordenó la suspensión provisional del docente para facilitar la investigación de los hechos que habrían ocurrido entre 2024 y 2025. Según las denuncias, el profesor habría realizado tocamientos indebidos, hostigado a las estudiantes en distintos espacios del colegio y hecho insinuaciones y propuestas de índole sexual.

Este caso se suma a otros recientes en el departamento de Sucre y en Colombia, donde la Procuraduría ha intervenido para proteger a estudiantes y funcionarias de instituciones educativas y de formación. En Sucre, por ejemplo, en diciembre de 2024 se suspendió a otro docente por presunto acoso sexual a una estudiante, evidenciando un patrón preocupante en el sector educativo local. La Procuraduría ha enfatizado la importancia de recolectar pruebas pertinentes para determinar la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios implicados.

La entidad de control ha manifestado que la gravedad de las denuncias obliga a actuar con celeridad y rigor para garantizar la protección de los derechos de las víctimas y la integridad de la comunidad educativa. La suspensión provisional busca evitar que el docente pueda interferir en el proceso y asegurar un ambiente seguro para los estudiantes mientras se esclarecen los hechos. La Procuraduría Regional de Sucre está a cargo de la investigación y la recolección de pruebas necesarias para establecer las posibles faltas disciplinarias.

Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención frente al acoso sexual en las instituciones educativas colombianas. La Procuraduría ha reiterado su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier denuncia que afecte la dignidad y seguridad de los menores, y ha llamado a las autoridades educativas a implementar protocolos efectivos para proteger a los estudiantes y sancionar a los responsables con todo el rigor de la ley.


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