Por incumplir la Ley de Cuotas, recibirán una sanción de cinco meses
La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción disciplinaria de cinco meses a los exrectores de la Universidad Surcolombiana (USCO), Edwin Alirio Trujillo Cerquera y Hernando Gil Tovar, por no cumplir con la Ley de Cuotas en sus administraciones. Esta normatividad, establecida en la Ley 581 de 2000, exige que al menos el 30% de los cargos de dirección en entidades estatales sean ocupados por mujeres, un requisito que no fue garantizado durante sus periodos de gestión en 2020 y 2021.
Juzgamiento
Según la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento, esta omisión vulneró el principio de igualdad en la institución universitaria, lo que derivó en la calificación de la falta como gravísima, a título de culpa grave. El Ministerio Público argumentó que ambos exrectores incumplieron sus deberes administrativos, afectando la representación femenina en los espacios de decisión de la USCO.
La Universidad Surcolombiana, como entidad de educación superior, tiene la responsabilidad de garantizar que sus procesos de selección y nombramiento cumplan con los principios de equidad de género y participación equitativa. Sin embargo, la falta de aplicación de estas normas en el periodo de los exrectores sancionados generó un incumplimiento que ahora se traduce en esta medida disciplinaria.
Fallo
De acuerdo con el fallo, si los sancionados no se encuentran ejerciendo cargos públicos en la actualidad, la suspensión se convertirá en una multa equivalente a los salarios que habrían percibido durante el período de sanción. Esto significa que Trujillo Cerquera deberá pagar aproximadamente 48 millones de pesos, mientras que Gil Tovar afrontará un desembolso cercano a los 49 millones de pesos.
Decisión
La decisión tomada por la Procuraduría puede ser apelada ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, lo que podría abrir una nueva etapa en este proceso. Mientras tanto, este caso pone nuevamente en debate la aplicación efectiva de la Ley de Cuotas en entidades educativas y la responsabilidad de sus directivos en garantizar la equidad de género en la administración pública.
Este caso también sienta un precedente para otras universidades públicas del país, las cuales deben asegurar el cumplimiento de normativas que promuevan la inclusión y la participación equitativa de hombres y mujeres en la toma de decisiones. En ese sentido, se espera que esta sanción motive a los directivos de otras instituciones a garantizar una gestión más equitativa y transparente.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han manifestado que este tipo de decisiones son fundamentales para generar cambios estructurales en la gestión pública.
