Procuraduría solicitó al ICBF. Lanzado una contundente solicitud al director regional encargado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Rodrigo Elías Daza Vega, exigiendo explicaciones inmediatas sobre el estremecedor caso de una niña de 13 años presuntamente entregada por sus propios padres a un hombre de 55 años. Según las primeras informaciones, el individuo habría pagado siete millones de pesos para llevarse a la menor a Santander y cometer abusos sexuales.
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La entidad, dirigida por Margarita Cabello, demanda claridad sobre la fecha en la que se abrió el proceso de restablecimiento de derechos, el estado actual del mismo y las medidas de protección adoptadas en favor de la niña. Además, exige conocer la intervención y el acompañamiento psicológico brindado tanto a la menor como a su familia por parte del Icbf.
El caso
La respuesta debe incluir todas las actuaciones de verificación de derechos llevadas a cabo por las entidades competentes. Para asegurar un abordaje efectivo y la plena garantía de la protección integral de la menor. Paralelamente, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer ha solicitado al Personero Municipal de Riohacha. Una evaluación rigurosa del seguimiento e intervención administrativa realizados por el Icbf. Este seguimiento debe garantizar el acceso a la justicia, la protección contra la revictimización y una vida libre de violencias para la niña y su familia. Procuraduría solicitó al ICBF.
Orlando Meza Quiñonez, un agricultor de Santander de 55 años. Fue enviado a prisión por un juez con función de control de garantías tras ser acusado de pagar dinero para convertir a una niña de 13 años de la comunidad Wayuú en su pareja sentimental. En enero de 2023, Meza pagó $7 millones para llevar a una niña de 13 años de la ranchería La Loma en Riohacha a su residencia en Santander. Luego la llevó a la vereda Clavellinas, donde se convirtió en su compañera sentimental. Capturado por el CTI y la Comisaría de Familia de Aratoca en San Gil. La Fiscalía lo imputó por tráfico de menores y acceso carnal abusivo, pero no aceptó los cargos.
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