La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a nueve miembros del Ejército colombiano, incluyendo a un brigadier general, por su participación en interceptaciones ilegales a más de 130 personas, entre ellas periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y políticos. Las investigaciones revelaron que las interceptaciones fueron ordenadas de forma verbal o a través de canales digitales no oficiales, lo que dificultó su rastreo y buscaba evadir los controles institucionales. Las sanciones impuestas incluyen suspensiones e inhabilidades que oscilan entre tres y seis meses.
Estas decisiones disciplinarias hacen parte de un caso que ha generado preocupación nacional e internacional por el uso indebido de recursos de inteligencia militar para espiar a civiles sin autorización judicial. La Procuraduría enfatizó que este tipo de prácticas vulnera gravemente los derechos fundamentales y socava la confianza en las instituciones del Estado. La sanción es un mensaje directo sobre la necesidad de garantizar transparencia y respeto por la legalidad en las operaciones de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas.
