La Procuraduría General de la Nación tomó medidas drásticas contra la corrupción al imponer sanciones de destitución e inhabilidad general por 8 años a Amalfi María Gaviria Ramos, Secretaria General de Soledad, y a Deiber Conrado Niebles, Secretario de Gestión Social del municipio. Ambos fueron encontrados responsables de manejos irregulares de recursos durante la pandemia de COVID-19.
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La contratación fue por un rubro de 2.100 millones de pesos
La investigación se centró en las presuntas irregularidades en el proceso de contratación para el suministro de 60.000 kits nutricionales destinados a la población del municipio de Soledad, Atlántico. La Procuraduría confirmó que Deiber Conrado , “en calidad de secretario de Gestión Social en la elaboración de los estudios previos que antecedió la celebración del contrato SG-CD-26-03-2020-001, no incluyó en debida forma la codificación y niveles requerido en el Código Estándar de Productos y Servicios, según lo establecido por Colombia Compra Eficiente”.
Además, se evidenció que la empresa no poseía la capacidad ni la experiencia necesarias para cumplir satisfactoriamente con los objetivos contractuales. A pesar de estas deficiencias, Amalfi Gaviria certificó a la empresa como idónea y procedió a suscribir el contrato con la Fundación El Lirio de los Valles por un monto de 2.100 millones de pesos. Estas acciones irregulares comprometieron la efectividad de las medidas implementadas para atender las necesidades de la comunidad en un momento crítico.
La Procuraduría destacó la falta de diligencia y transparencia en el proceso de contratación, lo que representó un perjuicio evidente para la población vulnerable que esperaba recibir los kits nutricionales durante la crisis generada por la pandemia.
La destitución e inhabilidad general de 8 años buscan proteger la integridad y transparencia de los procesos de contratación pública y de esta manera garantizar que los funcionarios cumplan con los más altos estándares éticos en el ejercicio de sus funciones.
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