Fallo por omisión en denuncias de acoso en la Universidad Distrital
La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a tres exfuncionarios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por omitir su deber de actuar ante denuncias de violencia de género al interior de la institución. La falta de acción fue calificada como violencia institucional.
Se trata de Ricardo García Duarte, exrector; Cecilia Rincón Verdugo, exdecana de la Facultad de Artes ASAB; y Tito Ernesto Gutiérrez Daza, exdirector de Bienestar Institucional. Los tres fueron señalados por no activar los protocolos institucionales ante denuncias dirigidas contra el profesor Carlos Antonio Julio Arrieta en 2019.
¿Qué pasó en la Universidad Distrital?
Las denuncias por violencia de género en la Universidad Distrital fueron ignoradas por las autoridades encargadas de garantizar entornos seguros para las estudiantes. Según el fallo, el profesor denunciado continuó ejerciendo sus funciones sin ninguna restricción, mientras las víctimas quedaban expuestas, desprotegidas y silenciadas por la institucionalidad.
En el caso de Gutiérrez Daza, la Procuraduría determinó que recibió una denuncia formal y no realizó ninguna acción para garantizar la atención o protección de la víctima. Esta conducta fue considerada como una omisión grave que revictimizó a la denunciante.
Violencia institucional: una forma de revictimización
La Procuraduría fue clara al señalar que la omisión también es violencia. Este tipo de violencia institucional ocurre cuando las autoridades, lejos de proteger, permiten que los abusos continúen por acción u omisión. Es una forma estructural de agresión que reproduce el machismo dentro de las instituciones públicas.
Este caso de violencia de género en una universidad pública pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer los protocolos de atención y, sobre todo, de garantizar su aplicación real. La sanción a los exfuncionarios marca un precedente importante, pero no repara el daño causado a las víctimas.
¿Por qué este fallo es importante?
La decisión de la Procuraduría llega cinco años después de los hechos, en un contexto donde las mujeres siguen enfrentando múltiples barreras al denunciar agresiones sexuales en el entorno académico. Esta sanción en primera instancia no solo señala responsabilidades individuales, sino que cuestiona la cultura institucional que normaliza el silencio y la indiferencia frente a la violencia de género.
Para las víctimas, no hubo acompañamiento ni justicia oportuna. Pero este fallo abre una puerta para exigir más: justicia con enfoque de género, reparación simbólica y real, y cambios estructurales en cómo se manejan las denuncias dentro de las universidades públicas.
El reto de las universidades frente a la violencia de género
La Universidad Distrital, como muchas otras instituciones de educación superior, enfrenta el reto de revisar no solo sus protocolos, sino su cultura institucional. La existencia de rutas de atención no es suficiente si quienes deben activarlas eligen no hacerlo. El caso de violencia de género en esta universidad refleja una deuda profunda con las mujeres que han sido silenciadas y desprotegidas.
Desde los espacios académicos se debe garantizar que quienes denuncian no sean vistas como un problema, sino como personas que ejercen su derecho a la verdad y la justicia. Solo así será posible avanzar hacia entornos libres de violencia.
