En decisión de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación dejó sin efectos las sanciones disciplinarias impuestas a la exalcaldesa de El Agrado, Waldina Losada, y al exconcejal Carlos Alberto Murcia. Ambos habían sido inhabilitados para ejercer cargos públicos por 11 y 12 años respectivamente, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones durante su paso por la administración municipal.
El fallo concluyó que no se cumplían los requisitos legales y probatorios suficientes para mantener las inhabilidades, lo que llevó a revocar las decisiones emitidas en primera instancia por el Ministerio Público. De este modo, la sanción quedó anulada y ambos exfuncionarios recuperaron sus derechos políticos y administrativos.
Proceso anulado
Las inhabilidades se derivaban de presuntos actos administrativos que, según el órgano de control, habrían vulnerado principios de la función pública. Sin embargo, la defensa de Losada y Murcia logró demostrar inconsistencias en la valoración de pruebas, así como deficiencias en el proceso disciplinario, lo que finalmente pesó en el fallo de segunda instancia.
La Procuraduría concluyó que no existía mérito suficiente para sostener la responsabilidad disciplinaria, por lo que se archivó el caso. La decisión fue notificada a las partes y quedó ejecutoriada, con efecto inmediato sobre los registros que los excluían de ejercer funciones públicas.
Reacciones jurídicas
Desde el ámbito jurídico, expertos en derecho disciplinario señalan que el caso pone en evidencia la necesidad de mayor rigor en los procesos sancionatorios, evitando que decisiones que afectan derechos fundamentales se tomen sin pruebas sólidas.
El caso de Losada y Murcia cierra así un capítulo jurídico de alta sensibilidad en El Agrado, donde la controversia por la legalidad y el debido proceso volvió a estar en el centro del debate.
