La Procuraduría ha revocado el fallo de primera instancia emitido el 22 de septiembre de 2020, absolviendo al exalcalde de Sotaquirá, Luis Felipe Higuera Robles, de toda responsabilidad por la presunta comisión de una falta grave. En la resolución inicial, la Procuraduría Provincial de Tunja había determinado que Higuera Robles actuó con «culpa grave», sancionándolo con seis meses de suspensión del cargo. Sin embargo, esta nueva decisión siembra dudas sobre la coherencia y solidez del proceso disciplinario, generando serias críticas.
El revocar la sanción impuesta en 2020 revela la fragilidad del sistema de justicia disciplinaria en Colombia, donde parece prevalecer la inconsistencia en las resoluciones. La absolución de Higuera Robles pone en evidencia la percepción de que las altas esferas del poder pueden esquivar las consecuencias de sus actos, lo cual alimenta una creciente desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar la responsabilidad pública. En lugar de un proceso firme y transparente, la resolución de la Procuraduría da la sensación de que el peso de las decisiones se ve influenciado por factores externos que van más allá del marco legal.
Esta situación refleja una preocupante debilidad institucional y plantea un mensaje negativo a la ciudadanía: los responsables de hechos graves en el ejercicio de sus funciones pueden eludir sanciones si cuentan con los recursos y el apoyo adecuado. Al revocar el fallo, la Procuraduría no solo contradice su propio criterio, sino que también socava la credibilidad del sistema judicial y disciplinario, en un contexto donde la población exige responsabilidad y justicia. La resolución también subraya una preocupante falta de transparencia en el proceso, dado que el cambio de decisión genera la impresión de que las pruebas y el análisis inicial fueron insuficientes o incluso ignorados. Esta falta de claridad alimenta la percepción de que la justicia puede ser manipulada, no por la aplicación estricta de la ley, sino por intereses que favorecen a ciertos individuos en posiciones de poder. En lugar de reforzar el principio de igualdad ante la ley, el caso de Higuera Robles refuerza la sensación de que el sistema judicial y disciplinario está lejos de garantizar una verdadera equidad. La contradicción entre las dos resoluciones deja en evidencia la inestabilidad del proceso y los riesgos de un sistema que no logra mantener una línea coherente en sus fallos.
