La Procuraduría General de la Nación amplió por tres meses la investigación disciplinaria en contra de Luis Carlos Leal, superintendente de Salud al momento de declararse la intervención del gobierno a la EPS Sanitas, así como en contra de otros funcionarios como la superintendente delegada Beatriz Noguera, esposa del ministro de Salud. La decisión del Ministerio Público busca extender el plazo para la recolección pruebas y testimonios que permitan esclarecer si hubo faltas en el proceso.
El detonante de la prórroga fue el fallo de la Corte Constitucional, que tumbó la intervención, argumentando que la actuación del gobierno Petro vulneró el derecho al debido proceso de la EPS Sanitas. El alto tribunal, además, señaló que la Superintendencia actuó de manera “arbitraria” al no acatar las órdenes previas de la Corte ni agotar las medidas de salvamento antes de tomar control de la entidad.
En materia disciplinaria, Leal y Noguera podrían llegar a enfrentar sanciones que van desde la suspensión temporal hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, si se comprueba que sus actuaciones constituyeron faltas graves o gravísimas. Las sanciones dependerán de la valoración de las pruebas y del análisis de la Procuraduría sobre el cumplimiento de los procedimientos legales y constitucionales en la intervención.
En el ámbito penal, aunque hasta el momento no se han anunciado investigaciones formales, la gravedad de los señalamientos podría abrir la puerta a procesos por prevaricato o abuso de autoridad, especialmente si se determina que la intervención fue deliberada y contraria a la ley. La decisión de la Corte y las declaraciones de Keralty, propietaria de Sanitas, sugieren que podrían emprender acciones judiciales contra el Estado y los funcionarios responsables.
Las críticas contra Leal y su equipo se centran en la supuesta falta de rigor técnico y jurídico en la toma de la medida, así como en la omisión de alternativas menos lesivas para la EPS y sus usuarios. Voceros de Sanitas y expertos del sector salud han calificado la intervención como una estrategia “arbitraria, desproporcionada y discriminatoria”, que afectó a millones de pacientes y generó incertidumbre en el sistema de salud.
