La Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) imponer sanciones contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El Ministerio Público lo responsabiliza por ocultar información contable y sobrepasar los límites legales de financiación durante la contienda electoral de 2022. Procuraduría pide sanción contra Ricardo Roa por violación de topes en campaña de Petro.
Según el informe entregado al CNE, la campaña superó en más de 154 millones de pesos el tope establecido para la primera vuelta. Además, se habrían ocultado 100 millones en gastos reales durante la segunda vuelta, específicamente relacionados con el alquiler del Movistar Arena en Bogotá.
Gasto oculto en el Movistar Arena y sanciones millonarias
Uno de los puntos más críticos del concepto emitido por la Procuraduría se centra en el evento de cierre de campaña realizado el 19 de junio de 2022. Aunque se reportó un gasto de 150 millones de pesos por el uso del Movistar Arena, el valor real fue de 250 millones. Los 100 millones restantes fueron cubiertos por una empresa privada, Servired S.A.S., lo cual viola la legislación electoral.
El Ministerio Público aseguró que Ricardo Roa actuó con dolo, al igual que otros miembros clave de la campaña: Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus. Por ello, pidió una multa del 2% sobre los dineros públicos invertidos en la segunda vuelta, lo que equivale a aproximadamente 308 millones de pesos, además del reembolso de los 154 millones en exceso de la primera vuelta.
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Otros hallazgos y aclaraciones sobre supuestos aportes sindicales
La Procuraduría también revisó denuncias sobre posibles aportes no reportados de organizaciones sindicales como Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO). Tras declaraciones de sus dirigentes, concluyó que estos recursos no ingresaron directamente a la campaña, sino que se usaron internamente o fueron entregados a Colombia Humana. Por lo tanto, no existía obligación de reportarlos como financiación electoral.
En otros rubros como transporte aéreo o créditos cancelados durante la campaña, la Procuraduría no encontró pruebas de ocultamiento ni irregularidades. El pago de testigos electorales, por ejemplo, fue asumido por Colombia Humana, lo que eximió a los responsables de la campaña de incluir esos costos.
Contexto legal y futuro del proceso; Procuraduría pide sanción contra Ricardo Roa por violación de topes en campaña de Petro
La investigación, iniciada en octubre de 2024, también formuló cargos contra el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la Corte Constitucional suspendió cualquier avance del proceso contra él hasta resolver si el CNE puede investigar a un mandatario en ejercicio. Pese a esto, el proceso contra Roa y los demás implicados sigue su curso.
Además, la Procuraduría pidió resolver de inmediato los recursos de reposición presentados por Roa, Soto y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El ente advirtió que la demora en resolver estos recursos puede viciar el trámite sancionatorio.
