Grandes contratos para alimentación y transporte escolar están bajo la lupa
Redacción Extra
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado dos investigaciones disciplinarias contra 11 funcionarios y exfuncionarios de la Gobernación de Casanare, debido a presuntas irregularidades en la contratación de servicios de alimentación y transporte escolar. Estas investigaciones buscan esclarecer fallas en los procesos de licitación que han afectado la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el servicio de transporte escolar en el departamento.
El PAE
Uno de los puntos clave de la investigación es la aparente demora en la estructuración de dos procesos de licitación pública en 2023, destinados a la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Casanare para el año 2024. Dichos retrasos llevaron a la revocatoria de los procesos y, como consecuencia, al inicio tardío del programa. Esta situación obligó a la Gobernación de Casanare a declarar la urgencia manifiesta en febrero de 2024, con el fin de garantizar la prestación del servicio de alimentación, por lo cual se adjudicó un contrato por más de $8.200 millones para cubrir el servicio por un período de 58 días del calendario escolar. Sin embargo, la falta de planificación anticipada impidió que el PAE estuviera disponible desde el primer día del año académico, lo que generó inconvenientes para los estudiantes beneficiarios.
Los implicados
Entre los implicados en esta investigación se encuentran funcionarios que, en la época de los hechos, ocuparon cargos clave en la gestión del PAE, como Carmen Himelda González Pinilla y Karen Sofía Santafé Agudelo, jefes de la Oficina Jurídica; los secretarios de Educación Diego Fernando Ardila Plazas y Elisabeth Ojeda Rodríguez; además de Andrés Jesús Campos Becerra y Nelson Leonardo González Amador, quienes se desempeñaron como directores de Cobertura Educativa en 2023 y 2024, respectivamente. También está bajo investigación el director de Calidad Educativa, David Federico Díaz Sánchez.
Transporte escolar
Además de los problemas con la alimentación escolar, la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare está investigando las presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de transporte escolar, que fue otorgado al Consorcio Nuevo Amanecer para atender a estudiantes de 18 municipios no certificados del departamento. En este proceso, se cuestiona la actuación de los cuatro integrantes del comité evaluador de la Oficina Jurídica, quienes habrían habilitado la propuesta del consorcio a pesar de que, presuntamente, no cumplía con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos exigidos por los pliegos de condiciones. La jefe de la Oficina Jurídica, Karen Sofía Santafé Agudelo, también adjudicó este contrato a pesar de las irregularidades detectadas.
