A Luis Enrique Dussán, actual gobernador del departamento del Huila, y expresidente del Banco Agrario, la Procuraduría General de la Nación le formuló cargos por al parecer, haber cometido irregularidades cuando fungió como líder de la entidad bancaria y no haber permitido la presentación de informes ante la Comisión de Auditoría de la entidad para mitigar la materialización de un posible fraude.
Y es que el lío judicial se le cargó también a Francisco Solano, quien fue antecesor de Dussán en dicha entidad entre los años 2015 y 2016, a quien el ente de control lo requirió por presuntamente haber “omitido generar un reporte en el que indicara la manera de evitar que se falsificaran escrituras, certificados de tradición y sanas posesiones en el trámite de créditos agropecuarios a pequeños productores, obligaciones que al vencerse eran cobradas por las oficinas afectadas, por lo que no se generaban alertas”.
Al actual mandatario de los opitas lo requieren las autoridades por al parecer, no haber acatado las recomendaciones de la auditoría interna del banco, en la que se le había exigido que las aplicara para de esa manera poder evitar los riesgos mencionados, principalmente en las líneas de crédito agropecuario y libranza, y porque, presuntamente, tampoco definió acciones y medidas para preservar los recursos oficiales de la entidad
Ante ese panorama, la Procuraduría calificó la actuación de los implicados como una falta grave cometida a título de culpa gravísima, dado que la modalidad delictiva que no se evitó desde loa gerencia de la entidad consistente en obtener créditos por parte de terceros con información fraudulenta, supuestamente habría afectado al Banco Agrario desde 2014, sin que el dinero haya sido recuperado.
La autoridad encargada continuará desarrollando las respectivas pesquisas para establecer con certeza qué fue lo que pudo ocurrir y determinar las sanciones a las que haya lugar.
