La Procuraduría General del Nación, comenzó una investigación contra el exalcalde de Villavicencio Wilmar Barbosa, por un posible detrimento patrimonial durante los años que estuvo ejerciendo el cargo.
Procuraduría
De acuerdo al organismo de control, el exmandatario junto a funcionarios de su gabinete, habrían cometido faltas graves en la omisión de contratar el avaluó de predios comerciales por un periodo de tres años, dinero que afectó directamente las arcas del municipio.
Dice el Ministerio Público, que Barbosa Rozo se apartó de los principios de economía, eficacia y celeridad, y solo hasta que faltaba un año para que terminara su periodo constitucional, comenzó este proceso de avaluar los predios con el objetivo de conseguir la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial.
Pliego de cargos
Razón por la cual, la Procuraduría decidió formular pliego de cargos contra el exmandatario por: Omitir el proceso de avalúo de los precios comerciales por metro cuadrado de todos los inmuebles y/o predios sujetos a participación en plusvalía a favor del municipio.
A la fecha, el exmandatario ya se encuentra notificado de esta investigación y de los pliegos de cargos, por lo que una vez culmine la etapa de instrucción, la investigación pasará a manos de la Procuraduría delegada parea el juzgamiento disciplinario.
Actuaciones
Será ante esta rama delegada, que Barbosa podrá presentar su versión libre de los hechos, presentar descargos, aportar o solicitar alegatos y pruebas que lo requieran para encaminar por buen término la investigación.
De igual forma, el Ministerio Público, también formuló cargos contra el Secretario de Planeación de la alcaldía de esa época, Manuel Eduardo Herrera Pabón, pues el organismo considera que en su cargo de funcionario público, no asesoró oportunamente al entonces mandatario sobre la gestión de avalúo.
Antecedentes
Pero esta no sería la primera vez que el exmandatario de la capital del Meta, se ve inmerso en una investigación del ente, en el pasado él y varios de sus funcionarios de gabinete como los secretarios de Planeación, Gestión Social, Participación Ciudadana y la directora de Ordenamiento Territorial, habrían incurrido en participación política exigiendo a los contratistas dinero para financiar campañas afines al exalcalde.
