El ente, señala que hubo abuso de autoridad en su cargo público.
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra Olga Lucía Liévano Rodríguez, exsecretaria de Tránsito, Transporte y Movilidad de Ibagué, para determinar si hubo abuso de autoridad o violación de los procedimientos establecidos durante su gestión. Esta investigación podría derivar en sanciones disciplinarias para la exfuncionaria, quien ahora se desempeña como jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Ibagué.
Suceso
Según un boletín publicado por el ente de control, entre los años 2021 y 2022, la Secretaría de Movilidad, bajo la dirección de Liévano Rodríguez, exigió a las empresas prestadoras del servicio de taxi la presentación del recibo de pago de los aportes a la seguridad social como requisito indispensable para la expedición de la tarjeta de control, sin contar con un fundamento legal que respaldara esta solicitud.
En el marco de la investigación, la Procuraduría ha solicitado información específica sobre el trámite que realizan este tipo de empresas de servicio público para mantener la tarjeta de control vigente o para que esta sea expedida o autorizada periódicamente. Esta solicitud busca esclarecer si la exigencia impuesta por la Secretaría de Movilidad estaba dentro de sus facultades legales.
Asimismo, se ha requerido a la Superintendencia de Transporte información sobre las facultades que tienen las secretarías de Tránsito, Transporte y Movilidad municipales para requerir a las empresas de servicio público de transporte terrestre individual de pasajeros de vehículo tipo taxi, que son personas naturales, el mencionado comprobante como requisito para la firma de la tarjeta de control. La Procuraduría busca determinar la legalidad de las acciones de Liévano y si estas constituyeron un abuso de autoridad.
