El ente de control advierte irregularidades en el proceso de contratación de una herramienta multibiométrica de verificación de identidad y plantea riesgo de nulidad por incumplimiento de plazos y adendas imprevistas.
La Procuraduría General solicita formalmente a la Fiscalía General de la Nación que revuelva el proceso licitatorio destinado a adquirir, personalizar y mantener un sistema multibiométrico integral para el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). El contrato tiene un valor estimado de $37.999 millones COP.
El sistema está pensado para la verificación de identidad mediante huellas dactilares, palmares, reconocimiento facial y almacenamiento de datos biométricos.
Señalamientos clave de la Procuraduría
- El cronograma original iba del 4 de septiembre hasta la adjudicación el 22 de octubre, pero varias adendas (No. 1, 2, 4, 5 y 6) modificaron la fecha a 7 de noviembre de 2025, con lo cual se excedió el plazo permitido por la normativa.
- La adenda 5 (20 de octubre) fue emitida posteriormente al cierre de presentación de ofertas (que estaba previsto para 23 de septiembre), lo que afecta la transparencia del proceso.
- En el pliego final no se incluyeron indicadores financieros apropiados y algunas gráficas presentadas no permiten verificar claramente la información usada para evaluar propuestas.
Los riesgos en juego
La Procuraduría advierte que continuar con el procedimiento sin corregir las irregularidades podría ocasionar que el contrato sea declarado nulo de pleno derecho por violar normas imperativas y el principio de economía.
El ente control citó la normativa del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, que regula los procesos de selección de entidades estatales, y considera que se ha incurrido en falta por alargar plazos sin justificación suficiente.
Reacción de la Fiscalía y próximos pasos
De acuerdo con los documentos a los que accedió el medio, la Fiscalía justificó la prórroga alegando “compromisos administrativos inaplazables” vinculados con la ordenación del gasto a cargo de su Director Ejecutivo.
No obstante, ante la solicitud de la Procuraduría, la Fiscalía deberá decidir si revoca el proceso o avanza con la adjudicación programada. Según el cronograma modificado, la audiencia de adjudicación está convocada para el viernes 7 de noviembre de 2025 a las 2 p.m.
¿Qué significa para el sector público?
Este caso pone en evidencia los desafíos del Estado colombiano en la contratación de herramientas tecnológicas sensibles, como sistemas biométricos. La transparencia, la claridad en los cronogramas y la integridad del pliego de condiciones se convierten en factores críticos para evitar cuestionamientos posteriores.
Además, en un contexto en el que la ciudadanía demanda mayor control del gasto público y garantías sobre la protección de datos, procesos mal diseñados pueden generar desconfianza institucional.
