La Procuraduría General abrió investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por las presuntas irregularidades que se habrían registrado en los procesos de compra de predios para la reforma agraria y rural del Gobierno Nacional.
Las investigaciones tienen origen en un informe elaborado por el organismo, que realizó observaciones a los procesos de compra de predios, y en el que se explicaron las aparentes irregularidades en los procedimientos administrativos y conceptos técnicos rendidos, que representarían un riesgo para los recursos de la Nación.
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Los funcionarios que son investigados son Tony Luis Lozano Berrocal, Nury Luz Peralta Cardozo y Felipe Alberto Maldonado, quienes se desempeñan el cargo de directores técnicos al interior de la entidad.
La Procuraduría General investiga posibles inconsistencias en los conceptos técnicos utilizados para determinar la aptitud agropecuaria de los terrenos, pues cuestionan que los funcionarios solo describieron las características esos predios sin realizar una evaluación rigurosa «que justificara la decisión de compra».
En el informe también se encontraron conceptos técnicos y estudios de titulación que no detallaron la existencia de cuerpos de agua, humedales y terrenos inundables en los predios analizados que causarían que esas tierras no puedan ser objeto del proceso de adjudicación, sin que se realizara un análisis especial de esos sectores.
El organismo además investiga los casos donde se suscribió la promesa de compraventa, en la que se pactó la entrega anticipada del terreno, pero señalan que en la documentación del predio no se encuentra el acta de entrega.
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Entre otros documentos solicitados en el desarrollo de las investigaciones abiertas, la Procuraduría General solicitó a la ANT copia de los procesos de adquisición de predios, en los que se incluyan los análisis de suelos, estudios técnicos y de mercado.
Finalmente, anunciaron la apertura de una indagación previa para establecer las posibles irregularidades presentadas en la elaboración de los avalúos comerciales de los predios adquiridos, pues se habrían realizado sin que se hubiese surtido exitosamente el examen de las condiciones jurídicas.
