En cumplimiento de la medida preventiva E-2025-115951 de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocó para el 2 de marzo, a las 10:00 a. m., un espacio de diálogo en la sede de Corpoboyacá, en Tunja, para abordar la revisión de los actos administrativos que regulan la protección del páramo Sierra Nevada del Cocuy.
La citación, suscrita por Hollman Andrés Bonilla García, subdirector de Educación y Participación, responde a la orden del ente de control de aplazar reuniones previas y garantizar un proceso con participación amplia y equitativa. El análisis jurídico se centra en la Resolución 1275 de 2014, que adoptó la zonificación ambiental y el ordenamiento de la Reserva Forestal de Ley 2ª en El Cocuy, y la Resolución 1405 de 2018, que delimitó el área de páramo.
Desde la cartera ambiental se insistió en que la revisión normativa no implica desmontar la protección del ecosistema ni dejarlo sin instrumentos de control frente a actividades de alto impacto, especialmente minería e hidrocarburos. No obstante, organizaciones sociales han advertido sobre el riesgo de un eventual retroceso en las garantías que blindan este complejo estratégico de alta montaña, considerado fuente hídrica clave para el nororiente del país.
La Procuraduría solicitó incluir a actores como el Grupo de Trabajo en Páramos, la comunidad indígena U’wa y otros colectivos que han pedido participar en la mesa técnica, así como definir un cronograma que asegure la intervención efectiva de los sectores involucrados. También requirió acciones de protección para líderes ambientales, entre ellos Hernando Ibáñez, quien habría recibido amenazas por su labor.
El proceso no está exento de tensiones. La Federación de Parámetros del Nororiente ha rechazado ampliar la mesa con nuevos actores y mantiene su postura de exigir la derogatoria de las resoluciones vigentes, sin contemplar alternativas como acuerdos de conservación o esquemas de compensación.
El 2 de marzo se desarrollará la sesión dirigida a veedurías y organizaciones territoriales; el 19 de marzo está prevista una jornada unificada en Bogotá. El pulso jurídico y social sobre la regulación del páramo entra así en una fase de vigilancia institucional, con el Ministerio bajo la lupa del órgano de control.
