La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos disciplinarios contra Luisa Fernanda González Restrepo, técnico operativo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien se desempeña en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tuluá, Valle del Cauca.
De acuerdo con el organismo de control, González Restrepo habría incurrido en presuntas conductas de acoso laboral durante los años 2022 y 2023, en perjuicio de un compañero de trabajo, a quien supuestamente maltrató verbalmente y discriminó de forma reiterada.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca señaló que la funcionaria habría dirigido comentarios “hostiles, humillantes, irrespetuosos, soeces y descalificantes” al empleado afectado, afectando no solo su bienestar emocional, sino también su entorno laboral.
Lo más grave, según el ente disciplinario, es que varias de estas expresiones ofensivas habrían sido emitidas en presencia de otros funcionarios del centro penitenciario, lo que amplificó el impacto negativo en la dignidad y el buen nombre de la presunta víctima.
El pliego de cargos se fundamenta en pruebas testimoniales y documentales recopiladas durante la etapa preliminar de la investigación, que dan cuenta de un patrón de comportamiento abusivo y repetitivo por parte de González Restrepo.
La Procuraduría enfatizó que este tipo de conductas atentan directamente contra el respeto y la armonía en el ambiente laboral, principios fundamentales que deben primar dentro de las entidades del Estado, especialmente en instituciones como el Inpec.
Asimismo, el Ministerio Público advirtió que, de comprobarse la responsabilidad disciplinaria de la funcionaria, se podrían imponer sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, según la gravedad de los hechos.
El proceso disciplinario continuará su curso con el fin de garantizar el debido proceso, permitiendo a la implicada ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas que estime pertinentes para su caso.
Desde la Procuraduría se reiteró la importancia de denunciar todo tipo de violencia o acoso en el entorno laboral, recordando que las instituciones públicas deben ser espacios seguros, libres de maltrato y discriminación.
El Inpec, por su parte, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, aunque fuentes internas aseguran que se está brindando acompañamiento a los funcionarios afectados por este tipo de situaciones.
Este caso pone nuevamente en evidencia la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y sanción frente al acoso laboral dentro del sistema penitenciario colombiano, donde los entornos de presión pueden propiciar escenarios de maltrato institucional.
La Procuraduría continúa con su labor de vigilancia y control sobre el comportamiento de los servidores públicos, buscando garantizar condiciones laborales dignas y un trato respetuoso dentro de todas las entidades del Estado.
