La Procuraduría General de la Nación avanza en un nuevo proceso disciplinario que sacude el panorama político del municipio de Palestina (Huila). El órgano de control formuló pliego de cargos contra el exalcalde Wilson de Jesús Castillo Ortiz (2020–2023) y siete exconcejales, por presuntas irregularidades en la aprobación de un acuerdo municipal que aumentó del 15 % al 20 % el impuesto de alumbrado público.
De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, el incremento fue aprobado y sancionado sin contar con el estudio técnico obligatorio, requisito establecido por la Ley 1819 de 2016. Esta omisión, según el ente de control, generó un riesgo financiero para el municipio al comprometer un servicio público esencial que impacta directamente en la seguridad y bienestar de los habitantes.
Los exconcejales investigados son Orlando Anacona Mamian, Saúl Ardila Hoyos, Amanda Artunduaga Reyes, Jorge Eliécer Ayala Olarte, Julio César Calderón Echeverry, Helqui Carrillo Molina y Albeiro Muñoz Uní.
Para la Procuraduría, tanto el exmandatario como los concejales incurrieron en decisiones “sin el sustento técnico, jurídico ni financiero que exige la ley”, lo que evidencia una falta de diligencia en la administración de los recursos públicos.
Falta grave
El ente de control calificó la conducta del exalcalde como falta grave con culpa gravísima, mientras que la de los exconcejales fue catalogada como falta grave cometida con dolo, es decir, con conocimiento y voluntad de su irregularidad. Esta decisión abre un nuevo capítulo de tensión política en Palestina, donde diversos sectores ciudadanos han cuestionado la transparencia de la gestión anterior.
El incremento del impuesto, que debía destinarse exclusivamente al mantenimiento y expansión del alumbrado público, habría sido implementado sin un análisis previo de costos, impacto social ni viabilidad técnica. Para muchos habitantes, la medida representó una carga económica injustificada, adoptada en plena crisis postpandemia.
Fiscalización
La Procuraduría recordó que los servidores públicos tienen el deber de garantizar decisiones fundamentadas en estudios que protejan el interés general, no conveniencias políticas.
El caso, que continúa en etapa de instrucción, podría derivar en sanciones disciplinarias que van desde la suspensión e inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta la destitución definitiva, dependiendo del resultado del proceso.
Mientras tanto, en Palestina crece el debate sobre la responsabilidad de sus exdirigentes y la necesidad de una administración más técnica y transparente. La comunidad espera que el caso no quede en el archivo y siente un precedente contra los abusos en la gestión de los tributos municipales.
