Procuraduría formula cargos contra policías por esposar a madre

Los hechos tuvieron lugar en 2022. El almacén Jon Sonen fue sellado debido a irregularidades contra sus empleados.
Cartagena, Jon Sonen, Gustavo Petro, Procuraduría, Wendy Norelys Álvarez
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La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra el subteniente Nelson Enrique Martínez Balceiro y la patrullera Yuliana Jaramillo Mazo, de la Policía Metropolitana de Cartagena, por su presunta participación en el uso excesivo de fuerza contra Wensy Norelys Álvarez, ex trabajadora del almacén Jon Sonen. Los hechos, ocurridos en noviembre de 2022, incluyeron la salida forzada de Álvarez del establecimiento, donde reclamaba prestaciones sociales adeudadas.

Además, el almacén Jon Sonen fue sellado por irregularidad presentadas no solo en este caso, sino con otros trabajadores del lugar. Esto evidencia posibles incumplimientos laborales y prácticas cuestionables.

En medio de la polémica, el presidente Gustavo Petro se pronunció en aquel entonces, expresando su rechazo en X, afirmando que “el respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días. Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos”.

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Uso excesivo de fuerza contra una madre

Los hechos, que tuvieron lugar en 2022, ocurrieron en un almacén de Jon Sonen, en la ciudad de Cartagena. Allí, Álvarez se encontraba reclamando prestaciones adeudadas en compañía de sus hijos. La situación escaló cuando el administrador llamó a la policía y estos, a su vez, decidieron esposar a la mujer con un bebé en brazos.

Según la Procuraduría, los policías se extralimitaron en sus funciones al emplear una fuerza desproporcionada.  

La investigación también revela que, tras la intervención policial, Álvarez se negó a abandonar el lugar, lo que llevó a la Procuraduría a argumentar que se debió proteger los derechos de los menores y manejar la situación de manera pacífica, sin recurrir al uso de las esposas. La procuraduría calificó el accionar de los uniformados como falta disciplinaria leve a título de culpa gravísima.

Este caso destaca la necesidad de revisar y ajustar los protocolos de actuación para garantizar una respuesta adecuada en situaciones similares en el futuro.  

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