Según indicó el Ministerio Público, dicho concepto fue expuesto ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de esa jurisdicción.
Allí se depositó observaciones a las versiones voluntarias expuestas por miembros del Frente 5 de esa guerrilla, en desarrollo del macrocaso 04 que se ocupa de la situación territorial de la región de Urabá.
Así mismo, el órgano de control indicó que, aunque sus órganos no reconocieron haber cometido delitos de violencia sexual, los exjefes de ese frente advirtieron que dentro de los estatutos de esa organización ilegal armada, existió la prohibición de tener hijos.
“No podría entenderse de otra manera que los abortos, cuando se realizaron, eran obligatorios, forzados”.
No obstante, se conoció del caso de una niña integrante de ese frente que aparentemente fue obligada a tener relaciones sexuales a cambio de no ser sancionada.
Vale recalcar, que la Procuraduría informa que la guerrilla sí se benefició del narcotráfico para financiar la guerra, ya que a partir de esa época el cultivo de la hoja coca, formó una poderosa economía ilícita de la cual las FARC-EP se nutrieron para financiar sus actividades bélicas.
¿Qué métodos de guerra se evidenciaron?
Por su parte, el documento señaló que mediante los ataques y tomas guerrilleras efectuadas en el Urabá, las FARC-EP formaron una práctica metodología y generalizada que conllevó al desplazamiento forzado de comunidades ubicadas en diferentes sectores de la región.
“Especialmente de los territorios colectivos de Curvaradó, Jiguamiandó, Mancilla y la Larga – Tumaradó, entre otros”.
Ante esta situación se, es pertinente mencionar que la utilización de métodos y medios de guerra fueron prohibidos por el DIH, es por esta razón que se solicitó analizar esa conducta.
“Para establecer quién y por qué decidieron utilizar este tipo de elementos explosivos, caracterizados por su falta de precisión y producción de daños colaterales a la población civil muy graves”.
#EsNoticia | Farc reclutó de manera sistemática menores de edad y se benefició del narcotráfico para financiar la guerra: Procuraduría
En concepto ante la @JEP_Colombia, señaló que, ante la prohibición de tener hijos, las mujeres eran forzadas a abortar? https://t.co/kIS5CqijAC pic.twitter.com/eAq42HPUSp
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) February 9, 2022
Años atrás el frente 5 habia generado graves violaciones a los derechos humanos, como las masacres de La Chinita, en 1994; y Bojayá, perpetrada en 2001, entre otras. Por esta razón, la Procuraduría pidió profundizar en algunos hechos puntuales perpetrados.
Frente a la financiación de las FARC EP, el Ministerio público indicó que es necesario explorar los ingresos económicos o fuentes que tuvieron para cubrir los gastos de guerra.
Lo que debe ir más allá de lo que señalaron como cuotas voluntarias pagadas, según los comparecientes, por ganaderos, empresarios y hoteleros.
Finalmente, requirió que en la fase de aportes tempranos de verdad “las FARC pidan perdón a la sociedad civil colombiana y al mundo entero por el centenar de niños que reclutaron para la guerra, incluyéndose ellos mismos en un acto de sincero arrepentimiento”.
