La Procuraduría General de la Nación exigió a las autoridades ambientales dar cumplimiento estricto a los plazos establecidos por ley en la evaluación de proyectos mineros. A través de una circular, recordó que las entidades tienen un máximo de 15 días hábiles para emitir las certificaciones necesarias, según lo establecido en la sentencia del Consejo de Estado sobre la “Ventanilla Minera”.
El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, reiteró la obligación de actuar de manera coordinada, transparente y técnica, evitando dilaciones injustificadas que afecten la seguridad jurídica y la planificación del sector minero. La instrucción busca responder a quejas constantes de ciudadanos y empresas por trámites lentos o ambiguos que obstaculizan el desarrollo de proyectos formales.
La Procuraduría también instó a utilizar cartografía actualizada y criterios ambientales sólidos para definir con claridad las zonas donde es viable la minería, garantizando un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los ecosistemas.
La circular llega en un momento clave para la discusión sobre licenciamiento ambiental, con el propósito de mejorar la eficiencia del Estado y reducir los espacios para prácticas discrecionales en los procesos de aprobación.
