Hace más de cuatro meses, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender el trámite de la resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) que pretende establecer lineamientos ambientales para el uso del suelo en la Sabana de Bogotá, esto por falta de concertación con entidades clave, especialmente el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá (CECH).

El ministerio público, con el fin de reforzar la vigilancia sobre el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, exigió el cumplimiento estricto de la orden del Consejo de Estado y para tal fin ​requirió a las a autoridades nacionales, distritales y regionales, incluyendo el Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Cundinamarca, la CAR, la Alcaldía de Bogotá y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

La medida busca garantizar un proceso participativo en la reglamentación ambiental que garantice la protección del territorio y sus recursos naturales estratégicos, evitando así improvisaciones administrativas que puedan afectar un ecosistema vital.

La Procuraduría solicitó a Minambiente retirar el proyecto de resolución de consulta pública hasta que se reinicie el proceso cumpliendo todas las etapas jurídicas y técnicas, incluido el diálogo obligatorio con el CECH, un organismo clave con representación ministerial, regional y municipal que coordina la protección integral de la cuenca del río Bogotá.

Aunque el Consejo de Estado modificó la medida cautelar para permitir avanzar con el trámite regulatorio, condicionó su continuación a la inclusión formal del CECH en las sesiones de diálogo, reafirmando así su papel estratégico para preservar el equilibrio ecológico y garantizar la gobernanza ambiental regional. El fallo implica un freno a la improvisación legislativa y un llamado al rigor técnico, jurídico y ético para la planificación del uso del suelo, con base en concertación, participación y legalidad. Autoridades locales como la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca respaldan estas medidas, al igual que la Corporación Autónoma Regional (CAR), poniendo énfasis en la necesidad de un enfoque integral y balanceado entre desarrollo sostenible y protección ambiental.

Importancia del proceso

El proceso de ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá es particularmente sensible por ser una región con altos valores ecológicos, hidrológicos y biodiversos, que abastece de agua a más de diez millones de habitantes en la capital y su área metropolitana. El Ministerio de Ambiente ha destacado la relevancia de proteger zonas como Cogua y otras que funcionan como pulmones ambientales y reservas de agua, vitales para la sustentabilidad a largo plazo de la región. Por ello, las medidas judiciales buscan que los lineamientos de reglamentación se construyan sobre bases técnicas adecuadas, amplias consultas, y mecanismos efectivos de participación ciudadana y territorial, evitando decisiones unilaterales que comprometan recursos como la cuenca del río Bogotá.

El llamado de la Procuraduría implica también una exigencia de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas al Minambiente, cuyo deber es acatar las órdenes judiciales y priorizar la conservación ambiental junto con el bienestar social. El reinicio del proceso normativo, con la inclusión del CECH y la realización de audiencias públicas de contradicción y consulta, sentará un precedente para fortalecer la gobernanza ambiental en Colombia, promoviendo un modelo colaborativo entre el Gobierno Nacional, las administraciones territoriales y la sociedad civil. Así, la protección de la Sabana de Bogotá, un territorio estratégico para el país, se convierte en una prioridad vinculante y técnica que debe ser gestionada con rigor y participación.