En la tarde de este sábado 9 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación a través de su cuenta de X, dio a conocer una resolución mediante la cual formuló cargos a Edison García Restrepo. El exalcalde del municipio de Barbosa, Antioquia, habría destinado dineros de forma irregular, lo cuales estaban destinados para financiar servicios de agua potable.
«Por presunta destinación irregular de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para financiar los servicios de agua potable y saneamiento básico, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Barbosa, Antioquia, Edison García Restrepo», indicó el Ministerio Público en un comunicado.
Luego de varias investigaciones la Procuraduría logro determinar que García Restrepo junto con la exsecretaria de Hacienda, Belén Rendón Estrada, tomaron del SGP un total de $ 902’686.066 millones de pesos para el pago de contratistas, nómina y otros fines; que no correspondían al Sistema General de Participaciones.
«Al parecer; a través de una resolución García Restrepo y Rendón Estrada habrían autorizado irregularmente a la secretaría de Hacienda para efectuar un crédito de tesorería, con el fin de atender la insuficiencia de la caja de carácter temporal por valor de $ 902’686.066 y justificar las mencionadas transferencias«, agregó al respecto la Contraloría.
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Por presunta destinación irregular de recursos del Sistema General de Participaciones para financiar los servicios de agua potable y saneamiento básico, la @PGN_COL formuló cargos contra exalcalde de Barbosa (Antioquia), Edison García. #EsNoticia 👉 https://t.co/MPp7U1eAkl pic.twitter.com/KpakRwIXEw
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) December 9, 2023
Estas acciones, según la Contraloría, implican una falta gravísima y atentan con el deber que tenía el exmandatario local en su misión de proteger los recursos públicos.
«Para el Ministerio Público, el actuar de los implicados pudo afectar “el interés colectivo de quienes habían depositado su confianza para garantizar y proteger el conjunto de principios y valores aceptados por la comunidad”, concluyó la Procuraduría al respecto.
Finalmente, los implicados tiene derecho a rendir su versión de los hechos y solicitar las pruebas que el Ministerio Público tiene en su contra.
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