La Procuraduría General de la Nación, por instrucción del Procurador Gregorio Eljach Pacheco, alertó por el aumento inusual en la inscripción de cédulas en diez municipios colombianos de cara a las elecciones al Congreso de 2026.
La vigilancia preventiva, realizada con datos hasta el 3 de agosto y apoyada por visitas directas de funcionarios del Ministerio Público y la Registraduría Nacional del Estado Civil, detectó que mientras el promedio nacional de inscripción es de 2,29 ciudadanos por cada 1,000 habitantes, en municipios como Puerto Gaitán (Meta) la tasa alcanzó el 80,64%, en La Jagua del Pilar (La Guajira) fue del 44,37%, y en Ocaña (Norte de Santander) del 26,99%, entre otros. Estas cifras disparadas podrían evidenciar prácticas de trashumancia electoral, que consiste en inscribir la cédula en un lugar distinto a la residencia con el fin de influir en el resultado electoral.
Previamente, la Misión de Observación Electoral (MOE) reportó alertas similares, señalando riesgos de trashumancia en Puerto Gaitán, Acacías y Ocaña. La MOE vincula estas inscripciones atípicas con factores como desplazamientos forzados y la presencia de grupos armados ilegales, que complican el control electoral. La trashumancia es considerada un delito electoral que puede afectar la voluntad legítima de los votantes y la transparencia del proceso democrático.
Hasta la fecha se han inscrito cerca de 92,300 ciudadanos en todo el país, concentrándose especialmente en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Valle del Cauca. En respuesta, la Comisión Nacional de Control Electoral ha reforzado las acciones de vigilancia preventiva junto con las personarías locales para garantizar la transparencia y evitar irregularidades.
El fenómeno de la trashumancia electoral, aunque conocido, cobra especial relevancia en este proceso electoral. Las autoridades llaman a la ciudadanía a inscribir su cédula en el lugar real de residencia y a denunciar cualquier irregularidad que amenace la legitimidad de las elecciones legislativas previstas para marzo de 2026. La vigilancia en las inscripciones es clave para asegurar que los votos reflejen la voluntad auténtica de los ciudadanos y no maniobras ilícitas que desvirtúen la democracia colombiana.
