El caso de los polideportivos en Ibagué se convirtió en un verdadero dolor de cabeza judicial
El ingeniero Olaguer Agudelo, el mismo del fallido puente de la 60, volvió a ser protagonista de un contrato lleno de retrasos, polémicas y sospechas de corrupción. Las obras, que debieron entregarse en cinco meses, ya ajustaban 23 meses de demoras y alcanzaban su novena prórroga.
El pasado 15 de octubre de 2025, Agudelo pidió otros 60 días más, alegando problemas en la fabricación de estructuras y entrega de materiales. Sin embargo, los documentos que presentó resultaron flojos y sin sustento legal, pues solo incluían fechas tentativas sin facturas ni comprobantes de compra.
Para completar el escándalo, el Consorcio Espacios Deportivos, encargado de la interventoría, incluyó una cláusula alarmante en la que se exoneraba al Imdri de futuras responsabilidades civiles. Expertos en contratación pública advierten que esa jugada podría favorecer a los implicados y entorpecer las investigaciones judiciales.
El interventor Juan Carlos Salazar, también involucrado en el proyecto del puente inconcluso de la 60, fue señalado nuevamente. Su contrato, firmado por $1.009 millones y luego ampliado en $499 millones, no tuvo nuevos ajustes pese a las sucesivas extensiones.
El millonario contrato, de $11.518 millones, ya está en la mira de la Procuraduría General de la Nación, que abrió una investigación contra funcionarios del Imdri, la Alcaldía y el propio Agudelo por presuntas irregularidades, falsificación de documentos y negligencia administrativa.
