La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra Martha Isabel Gutiérrez Segura, actual personera municipal de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, por su presunta participación en un acto de agresión verbal y física contra otra funcionaria pública.
Según el reporte emitido por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali, los hechos habrían ocurrido el pasado 7 de julio de 2025, cuando Gutiérrez Segura habría ofendido y posteriormente agredido a Daniela Romero Patiño, personera en Asuntos Disciplinarios de la ciudad de Santiago de Cali.
El episodio, de acuerdo con la información preliminar, tuvo lugar en presencia de la hija menor de Romero Patiño, una niña de seis años de edad, lo que agrava aún más la presunta conducta de la funcionaria disciplinada.
Testigos aseguran que Gutiérrez Segura, al parecer bajo el influjo del alcohol, pronunció frases ofensivas y despectivas, lo que motivó que Romero Patiño le pidiera respeto. No obstante, esa solicitud habría desencadenado una respuesta violenta por parte de la personera de Jamundí.
La denuncia indica que, tras el reclamo, Gutiérrez Segura golpeó en la cabeza a su colega y le haló fuertemente el cabello, lo que fue presenciado no solo por la menor, sino también por otras personas que se encontraban en el lugar.
En vista de la gravedad de los hechos, el Ministerio Público abrió formalmente la investigación disciplinaria, con el objetivo de verificar la ocurrencia de la conducta atribuida, y establecer si existen méritos para sancionar disciplinariamente a la funcionaria.
Además, la Procuraduría indicó que se busca definir si la investigada actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad, como lo establece el Código Disciplinario Único, o si incurrió en una falta grave que compromete su ejercicio como agente del Ministerio Público.
Este caso ha generado preocupación entre varios sectores del Valle del Cauca, debido a que involucra a dos mujeres con cargos clave en la defensa de los derechos ciudadanos y la vigilancia del cumplimiento legal de los servidores públicos.
La asociación de personerías del Valle y otros entes gremiales se han pronunciado exigiendo una rápida actuación de la Procuraduría para esclarecer los hechos y garantizar que no exista impunidad, independientemente del cargo que ostente la persona disciplinada.
Asimismo, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han señalado la urgencia de proteger los espacios laborales de toda forma de violencia, acoso o agresión, especialmente cuando estos hechos ocurren en entornos institucionales y frente a menores de edad.
Por su parte, la Procuraduría ha solicitado la recolección de pruebas, declaraciones y otros elementos que permitan confirmar la veracidad de los hechos y establecer el grado de responsabilidad de Gutiérrez Segura en la situación denunciada.
En caso de comprobarse la falta, la personera de Jamundí podría enfrentar sanciones disciplinarias que incluyen la suspensión o destitución del cargo, dependiendo de la calificación jurídica que se le dé a la conducta cometida.
