La Procuraduría General de la Nación inició una investigación contra el vicepresidente de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), Iván Humberto Baquero Susa. Conforme a lo publicado, esto se debe a presuntas irregularidades en la firma de un contrato con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI).
Este contrato fue valuado en 8.375 millones de pesos. El mismo, tiene como objetivo la prestación de servicios de asesoría en el análisis. Además de la evaluación de proyectos ferroviarios de pasajeros y de carga en el país.
Según la Procuraduría, existe la posibilidad de un efecto dominó que impactaría varios proyectos ferroviarios territoriales. Esto incluye la primera y segunda línea del Metro de Bogotá, el Tren del Río en Antioquia, el Tren de Cercanía en el Valle del Cauca, el Tren Regional del Caribe, y los Regio Tram de Occidente y Norte en Cundinamarca.
La @PGN_COL abrió investigación contra el vicepresidente (e) de @ANI_Colombia por presuntas irregularidades en firma de contrato con @IngenieriaSCI, que podría impactar proyectos como el Metro de Bogotá. #EsNoticia https://t.co/y6tDj1yC25 pic.twitter.com/aDTRzSHJhC
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) December 11, 2023
Infracción al vicepresidente de la ANI afectaría a demás funcionarios
Además de los hechos que se estarían investigando hacia el vicepresidente de la ANI, también se centrarán en determinar si otros funcionarios de esta entidad, también infringieron la Ley de Contratación. Esto se presume por el hecho de otorgar directamente la ejecución de los trabajos a la SCI. Ya que en lugar de eso, se debió convocar un concurso de méritos, como correspondía a las obligaciones y fines de las actividades a realizar.
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Adicionalmente, se señala una falta de planeación, ya que no se llevó a cabo un análisis profundo que justificara el valor del contrato. El monto de 1.871 millones de pesos, destinado a concepto de administración, resulta llamativo para la Procuraduría. De esta manera, la entidad destaca la ausencia de una explicación adecuada sobre la razón por la cual se dejó al criterio del contratista.
Por otro lado, la Procuraduría estableció que tanto el vicepresidente (e) de la ANI como los gerentes de Proyectos mencionados, Libardo Alfonso Celis Yaruro y Adriana Bareño Rojas, tienen el derecho de solicitar ser escuchados en versión libre como parte de su ejercicio de defensa, de acuerdo con las normas colombianas.
En medio de estas indagaciones, la Procuraduría destacó la importancia de esclarecer si el alcance del contrato podría exceder las competencias propias de la ANI. Además, deben determinar si en última instancia, los resultados serían relevantes para la toma de decisiones dentro de la agencia y las entidades territoriales involucradas en proyectos ferroviarios.