La Procuraduría General le pidió a la jueza 41 de conocimiento de Bogotá avalar la petición de la Fiscalía General para archivar la investigación a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Tras retomar su argumentación, el procurador Esiquio Sánchez aseguró que se cumplen con todos los requisitos para que se emita la preclusión.
“Es nula la intervención de Álvaro Uribe en este evento,”, explicó el procurador del caso al hacer mención que nunca se demostró que el exmandatario hubiera dado órdenes directas para presionar a testigos para que cambiaran o modificaran la versión que le habían dado a la Corte Suprema de Justicia.
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“Considera este agente del Ministerio Público que están dados los presupuestos, queda claro que no seconfigura el tipo objetivo de estos delitos. Entonces, no queda otra justificación, razón o motivo que acompañar la postura de la Fiscalía General”.
En su intervención, el procurador Sánchez manifestó que los testigos y las pruebas documentales dan cuenta que el expresidente solamente les pidió a sus abogados que confirmaran una investigación que le había llegado sobre un grupo de personas privadas de la libertad que querían retractarse de los señalamientos que habían hecho en su contra y de su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez, de tener vínculos con grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.
“Los procesos penales no pueden permanecer ni perdurar eternamente y aquí, siendo un evento que no tiene la relevancia ni la importancia, no hay motivo para que no se acceda a la solicitud de la Fiscalía. No podemos permanecer en estos eventos que no tienen la relevancia jurídico-penal para seguir desgastándose en ello”, precisó el representante del organismo de control disciplinario.
Para el procurador, este caso ha sido impulsado por los medios de comunicación y las redes sociales. “Acá no hay una llamada, no hay un testigo que diga Álvaro Uribe Vélez me citó en su casa, me dijo ‘vaya y mienta’, no hay una llamada interceptada en la que se escuche a Álvaro Uribe haciéndole promesas remuneratorias a alguien para que calle o distorsione la verdad. No existe”.
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En su argumentación, citó incluso las conclusiones a las que llegó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a la hora de dictar la medida de aseguramiento contra el exmandatario en agosto de 2020 que le restó validez a varios de las declaraciones a las que hicieron mención los representantes de víctimas a la hora de rechazar la solicitud de archivo. “La misma Corte determina que no existen pruebas que la lleven al convencimiento de la participación de Álvaro Uribe para configurar esos dos relatos, de los que tanto hemos venido hablando, como lo son soborno en actuación penal y fraude procesal”.
