La Procuraduría General de la Nación revocó la suspensión provisional al presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAS (SAE), José Daniel Rojas Medellín, tras el acuerdo surgido en la mesa de trabajo convocada por el ente de control, sobre la compra de acciones de la Triple A.
En su decisión, el viceprocurador general señaló que los compromisos adquiridos en ese escenario de diálogo han modificado los fundamentos jurídicos que generaron la suspensión provisional decretada, pues se acordó cumplir, entre otras obligaciones, con “el traspaso de las acciones objeto del contrato de compraventa por parte de la SAE”.
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Advierte el Ministerio Público que, en principio, la SAE ha cumplido las obligaciones contractuales y, en consecuencia, el presidente de esta entidad no podría “continuar incurriendo en la comisión de la conducta investigada, así como tampoco podría reiterarse la conducta”.
Según se pudo establecer, el directivo podrá asumir sus funciones sin necesidad de adelantar ningún otro trámite legal, sin perjuicio de la continuación de la investigación disciplinaria que se adelanta en su contra y que vincula también a Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la SAE, y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
Cabe recordar que además del director de la SAE, José Daniel Rojas, la Procuraduría había abierto una investigación contra Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la SAE; y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
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“Para este ente de control, al parecer, las conductas podrían generar un detrimento patrimonial por presuntamente incumplir la obligación contractual de transferir las acciones objeto de la venta, cuya consecuencia derivaría, en principio, en hacer efectiva la cláusula penal por 59 mil millones de pesos, por parte de la empresa K-Yena; a la vez que advierte irregularidades en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Triple A S.A. E.S.P que se realizó el 7 de febrero de 2023, en la cual se eligieron nuevos miembros de la Junta Directiva de la Triple A.”, afirmó la Procuraduría en un comunicado.
La Procuraduría General también vinculó dentro de la investigación disciplinaria al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, “quien al parecer habría sugerido, decidido, recomendado o manifestado ante la SAE que se suspendiera el cumplimiento del contrato, actuación funcional con la cual pudo haber contribuido a la consumación de comportamientos conjuntamente con los funcionarios de la SAE para que suspenda el cumplimiento de las obligaciones contractuales”.
