La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, y el Presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, Eugenio Gil Gil, presentaron la ‘Guía de Acceso a Trámites Notariales en Temas de Discapacidad’, en virtud de la expedición de la Ley de Capacidad Legal 1996 de 2019.
Esta Guía diseñada entre un grupo de notarios y funcionarios de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, busca dar a conocer a las personas con discapacidad y sus familias, las alternativas que existen en la Ley de Capacidad Legal, para que aquellas expresen su voluntad en diferentes ámbitos de la vida y tomen decisiones de manera autónoma, utilizando apoyos si así lo desean.
“Emprendimos la elaboración de esta guía que consagra de manera didáctica dos de las herramientas de la Ley, con las que cuentan las personas con discapacidad para tomar decisiones y para que las mismas sean respetadas en la celebración de actos jurídicos”, resaltó la Procuradora.
La jefe del Ministerio Público hizo referencia a que la eliminación de la figura de interdicción es un importante avance para que se derriben las barreras que impiden que las personas con discapacidad sean incluidas en la sociedad y ejerzan sus derechos.
“El concepto de interdicción o inhabilidad no es el que debe regir, sino el de la convivencia pacífica y entender que no podemos discriminar porque las situaciones de capacidad no sean iguales entre todos”, resaltó.
Cabello señaló que “la discapacidad es una manifestación de la clara diversidad que debe existir en la convivencia social. Somos diferentes y debemos aprender a vivir en las diferencias”, es por ello que la Guía se elaboró en un lenguaje sencillo y accesible, tanto para los notarios que deben atender los tramites previstos en la Ley de Capacidad Legal, como para las personas con discapacidad y sus familias que accederán a ellos.
Además, expuso que la Procuraduría General de la Nación ha propendido por incidir de manera positiva en la protección de las personas con discapacidad, por tal razón, desde el 2018 se creó el Grupo de Trabajo por los Derechos de las Personas con Discapacidad, conformado por varias procuradurías delegadas, que supervisan las acciones y políticas nacionales sobre la materia y propenden por los derechos a la educación, inclusión, trabajo, salud, acceso, capacidad legal, igualdad, y no discriminación de esta población.
