El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Popayán dictó sentencia condenatoria contra Miguel Alfonso Castillo Sánchez, quien fue hallado responsable del delito de hurto agravado. Castillo Sánchez, quien es uno de los copropietarios del ‘Centro Comercial Anarkos’, deberá cumplir una pena de 100 meses de prisión por haberse apoderado de una suma de $316.057.880, proveniente de 14 títulos judiciales de propiedad del mencionado centro comercial. Esta decisión fue tomada después de un proceso judicial que inició en 2016, impulsado por las denuncias de los demandantes Carmen Girlesa Vera Carmona y Javier Daniel Muñoz Piedrahita.
El fallo judicial establece que Castillo Sánchez no podrá beneficiarse de la prisión domiciliaria ni de la suspensión de la ejecución de la pena, lo que significa que deberá cumplir su condena en un establecimiento carcelario designado por el INPEC. Además, la sentencia impuso una inhabilidad de 100 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas, lo que le prohíbe participar en actividades relacionadas con cargos públicos durante ese periodo.
A pesar de la gravedad de los cargos, el juez absolvió a Castillo Sánchez de otros dos eventos de hurto que también formaban parte de la acusación. En estos casos, se le señalaba por la apropiación de $26.800.000 mediante cheques y por el robo de $6.577.000 pagados por una comerciante del Centro Comercial Anarkos. En ambos casos, el tribunal consideró que no había pruebas suficientes para establecer su responsabilidad. Asimismo, se declaró la extinción de la acción penal por abuso de confianza debido a que dicho delito había prescrito.
El proceso judicial ha sido ampliamente seguido por la comunidad de Popayán, no solo por la magnitud de los delitos cometidos, sino también por el perfil del condenado. Castillo Sánchez fue en su momento candidato al Concejo de la ciudad por el Partido Cambio Radical, lo que añadió un componente político al caso. Esta condena ha sido vista como un mensaje claro sobre la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en el ámbito público y privado.
La sentencia marca un hito en la lucha contra los delitos económicos en la región, especialmente cuando los implicados ocupan posiciones de poder y confianza en la comunidad. La decisión del Juzgado Séptimo Penal de Popayán resalta la importancia de la justicia en la restitución de los derechos afectados por el hurto y la apropiación indebida de recursos, además de poner de manifiesto la determinación del sistema judicial para sancionar estos delitos con firmeza.
