Dos exalcaldes enfrentan investigaciones penales por anomalías en contratos de infraestructura, evidenciando fallas en la planificación y perjuicio a las finanzas públicas.
Las obras del Plan Bicentenario, promovidas como un proyecto emblemático para Tunja, hoy se encuentran en el centro de una investigación penal que cuestiona la transparencia de la administración pública. La Fiscalía 25 Seccional, adscrita a la Unidad Seccional de Administración Pública de Boyacá, investiga a los exalcaldes Pablo Emilio Cepeda Novoa y Alejandro Fúneme González por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato para la renovación del piso de la Plaza de Bolívar.
Dicho contrato, firmado bajo sus administraciones, omitió aspectos esenciales de mantenimiento, comprometiendo la durabilidad de la obra. Según el Manual de Mantenimiento del contratista, la superficie de mármol requiere intervención técnica semestral, con emboquillado y lijado específicos. No obstante, estos requerimientos fueron ignorados en la planificación y ejecución, evidenciando una alarmante falta de previsión. Las consecuencias de esta omisión son claras: una inversión millonaria sin garantías de sostenibilidad, recursos públicos comprometidos y un nuevo escándalo de contratación en la capital boyacense. La ausencia de controles efectivos permitió que decisiones administrativas deficientes prevalecieran sobre el interés ciudadano, debilitando aún más la confianza en la gestión pública.
Este caso no es aislado; refleja un patrón recurrente en la administración local: contratos sin estudios técnicos adecuados, obras ejecutadas sin supervisión rigurosa y decisiones perjudiciales para la ciudadanía. Ahora, los exmandatarios investigados podrían enfrentar sanciones que incluyen penas privativas de la libertad de seis a doce años, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Mientras tanto, la ciudadanía sigue asumiendo el costo de una administración ineficiente. Más allá del proceso penal, la pregunta de fondo persiste: ¿quién responderá por los daños y el despilfarro de los recursos públicos? Este escándalo confirma que, en la contratación estatal, la falta de planificación sigue siendo un obstáculo estructural para el desarrollo.
El impacto de estas irregularidades va más allá de las pérdidas económicas. La ausencia de planificación y supervisión en la contratación pública refleja una preocupante tendencia de opacidad en la gestión estatal, donde las decisiones parecen favorecer intereses particulares antes que el bienestar colectivo. Este caso demuestra cómo la ejecución deficiente de proyectos debilita la confianza ciudadana en las instituciones. Sin mecanismos de control rigurosos y sanciones ejemplares, situaciones similares seguirán repitiéndose, perpetuando la corrupción y afectando la eficiencia del uso de los recursos públicos. La falta de rendición de cuentas es el verdadero enemigo del progreso.
