En las últimas horas se dio a conocer cómo avanza el proceso de nulidad electoral contra la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano. El Consejo de Estado ha puesto en duda la autenticidad de las pruebas audiovisuales presentadas como evidencia clave en las acusaciones de doble militancia.
Informe Pericial
El perito en informática forense, Oscar Valero Loaiza, en colaboración con la empresa CFS – Investigaciones Estratégicas (Risk & Forensic Consulting), concluyo que las pruebas audiovisuales no cumplen con las características técnicas mínimas para ser consideradas confiables en el marco de este proceso judicial. Según el informe, las grabaciones presentan diversas irregularidades, incluyendo la ausencia de audio en momentos cruciales.
El informe técnico describe una serie de inconsistencias que, de ser ciertas, podrían poner en riesgo la solidez del caso. Durante la reciente audiencia se le preguntó directamente al perito si las pruebas audiovisuales analizadas podían ser consideradas confiables. La respuesta fue contundente: “no se puede confiar en los videos”, afirmó Valero Loaiza, quien ejemplificó su afirmación describiendo una situación en la que, a pesar de la proximidad de los micrófonos a una de las personas involucradas, el audio de sus palabras no fue registrado.
Este tipo de anomalías reforzarían la hipótesis de que las pruebas fueron editadas o modificadas para alterar el contenido de la evidencia.
Doble Militancia
La demanda que impulsa este proceso judicial está basada en acusaciones de doble militancia por parte de Rafaela Cortés Zambrano durante su campaña electoral, un delito que, de probarse, podría llevar a la nulidad de su elección como gobernadora. Las pruebas audiovisuales han sido un pilar fundamental en los alegatos presentados por los demandantes, quienes sostienen que estas evidencias demuestran reuniones y apoyos políticos incompatibles con las normativas vigentes.
Sin embargo, el peritaje forense ha debilitado considerablemente estas acusaciones. Al no poderse garantizar la autenticidad de las grabaciones y fotografías, el Consejo de Estado deberá reconsiderar el peso que otorga a estas pruebas en su valoración final del caso. Las imágenes y videos que, según los demandantes, eran la pieza clave para probar la doble militancia de Cortés, ahora parecen estar contaminados por irregularidades técnicas que comprometen su valor como prueba judicial.
