A pesar de los esfuerzos anunciados por la administración departamental, la violencia intrafamiliar y de género sigue siendo una problemática alarmante en el Meta. Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han denunciado la falta de estrategias efectivas para enfrentar esta crisis, así como la ausencia de mecanismos que garanticen la seguridad de las mujeres y las familias afectadas.
Impunidad
Los casos de violencia de género son alarmantes, sin que se evidencie una respuesta contundente por parte de las autoridades. A pesar de la expectativa de que una mujer en el poder generaría un enfoque más comprometido y empático hacia esta causa, la realidad ha sido distinta: las víctimas siguen sin recibir la atención oportuna y efectiva que requieren, mientras que los agresores continúan actuando con impunidad.
Uno de los principales reclamos de la comunidad es la escasez de refugios seguros para mujeres en situación de riesgo. Actualmente, los espacios de acogida son insuficientes para responder a la magnitud del problema, lo que deja a muchas víctimas sin opciones de protección inmediata. Además, las campañas de prevención han sido limitadas, sin estrategias masivas de sensibilización y educación que ayuden a erradicar el machismo y la normalización de la violencia en la sociedad.
Burocracia
La burocracia también ha sido un obstáculo en la búsqueda de justicia para las víctimas. Denuncias que tardan meses en ser atendidas, falta de acompañamiento psicológico y jurídico adecuado, y un sistema judicial lento han generado una sensación de abandono entre quienes han sufrido violencia. Mientras otras regiones han implementado protocolos más eficientes para la atención de casos, en el Meta la comunidad sigue esperando una respuesta efectiva.
La violencia de género no es solo un problema de cifras, sino una tragedia humana que impacta la vida de miles de personas. Detrás de cada denuncia hay historias de dolor, miedo y desamparo, pero también de lucha por la justicia. La omisión de las autoridades ante esta crisis no solo las hace responsables por inacción, sino que las convierte en cómplices de un sistema que perpetúa la impunidad.
Ante este panorama, las organizaciones defensoras de derechos han exigido medidas urgentes, entre ellas la creación de más refugios, el fortalecimiento de las campañas de prevención y la asignación de recursos suficientes para garantizar una atención integral a las víctimas. Si la administración departamental no actúa con determinación, seguirá fallando a las mujeres del Meta y perpetuando una realidad que cada día cobra más vidas.
