Jennifer, una mujer que estaba recluida en la cárcel El Buen Pastor y que, tras demostrar el cumplimiento de los requisitos para obtener
el sustituto legal, recobró su libertad y ahora su pena se ejecutará a través de trabajo
comunitario.
Desde hace un año cuando entró en vigencia la Ley 2292 de 2023, 43 decisiones judiciales han concedido el beneficio de prestación de servicios de utilidad pública a 37 mujeres en el país. De estas, por primera vez, una mujer de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá es beneficiada con esta medida.
“Quiero salir a trabajar, a ser una mejor persona y seguir adelante con mi familia.
Me siento muy anonadada y feliz. Quiero dar un mensaje a los jueces que por favor nos colaboren y nos den una segunda oportunidad a nosotras las mujeres que
somos cabeza de hogar. Vamos a salir a trabajar y a estar con quienes más
necesitamos y lucharemos por tener un mañana mejor”, expresó Jennifer.
Esta vez, una jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá firmó
la libertad de Jennifer, quien sale acogiéndose a la norma cuyo objetivo es crear una medida de sustitución de la pena de prisión para mujeres condenadas que sean cabeza de familia y que hayan cometido el delito en contextos de marginalidad.
Esto significa que las mujeres que accedan a este beneficio podrán conmutar su
condena – en libertad – a través de la prestación de servicios de utilidad pública,
también conocidos como servicios comunitarios.
Benéfico
La mujer, que se reintegra al seno de su familia en Bogotá, cumplirá sus servicios
de utilidad pública en la Fundación Acción Interna por un tiempo equivalente a 336
semanas y 3 días.
La Ley de Utilidad Pública establece que previa valoración y aprobación de un
juez, pueden acceder al beneficio quienes cumplan los siguientes requisitos:
- Ser mujer cabeza de familia.
- Haber sido condenada por delitos relacionados con hurto o estupefacientes; o
que su condena no exceda de los ocho años de prisión. - Que haya cometido el delito en condiciones de marginalidad.
Desde la implementación de la Ley, se cuenta con 12 convenios suscritos con
entidades públicas, sin ánimo de lucro u organizaciones no gubernamentales en los que se han habilitado 2.382 plazas, en todo el país, para la prestación del servicio.
Además, el Ministerio de Justicia y del Derecho habilitó 50 plazas para mujeres beneficiarias, para un total de 2.432 plazas a nivel nacional.
