Cuatro integrantes de la Primera Línea fueron sentenciados a más de 19 años de prisión por el magistrado Jaime Andrés Velasco de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, según se informó en las últimas horas.
Los procesados, Wilson Reinel Moreno, Justo Ernesto Villarraga, Érika Lorena Flórez y Greissy Alexandra Perilla, enfrentaron cargos por concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.
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Inicialmente, los cuatro miembros de la Primera Línea no aceptaron los cargos imputados. No obstante, el magistrado Velasco, en su fallo reciente, confirmó las acusaciones y validó las pruebas presentadas por la Fiscalía General. Estas pruebas demostraron la participación activa de los acusados en los disturbios registrados el 21 y 22 de noviembre de 2021.
El magistrado destacó la importancia de las interceptaciones telefónicas en el caso, argumentando que estas no distorsionaban la realidad, sino que, por el contrario, fueron clave para establecer la organización y coordinación por parte de los acusados.
Las interceptaciones revelaron que los miembros de la Primera Línea planearon y dirigieron el entrenamiento de estudiantes universitarios para infiltrarse violentamente en las manifestaciones que sacudieron la ciudad.
En particular, se mencionó a Flórez Durán como la persona encargada de coordinar y estructurar el entrenamiento de los jóvenes en diversas universidades, con el objetivo de que se infiltraran en las protestas de manera violenta. Este detalle subraya el nivel de planificación y premeditación detrás de los actos.
Otro aspecto significativo que el magistrado Velasco destacó fue la evidencia que demostraba que los acusados se reunieron en Soacha con una persona vinculada a la columna Manuel Marulanda Vélez de la desmovilizada guerrilla de las Farc. Esta conexión sugiere un vínculo con grupos armados ilegales, añadiendo gravedad a los cargos.
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El magistrado Velasco enfatizó que, aunque la protesta social es un derecho, los eventos de noviembre de 2021 excedieron los límites de las protestas pacíficas y se convirtieron en actos violentos y vandálicos que perjudicaron a la ciudadanía en general.
“La protesta social es legítima y un derecho fundamental, pero los hechos de noviembre de 2021 no pueden ser considerados simples protestas; se tradujeron en acciones violentas y vandálicas”, subrayó el magistrado.
