Presidente Petro reveló que otros cinco miembros de la primera línea quedaron libres

Los cinco miembros de la primera línea fueron dejados en libertad tras una decisión que adoptó un juez de control de garantías de Popayán.
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En medio de la agenda de trabajo que adelantó el presidente Gustavo Petro en Risaralda en una nueva versión de Gobierno Escucha, el mandatario colombiano reveló que otros cinco integrantes de la denominada primera línea salieron libres de la cárcel.

De acuerdo con la información que suministró la Casa de Nariño, se trató de una determinación que adoptó un juez de control de garantías de Popayán, personas que protagonizaron desmanes que ahora se convertirán en gestores de paz.

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“Indemnización, hasta donde es posible, de los familiares o las víctimas sobrevivientes del estallido social. Hoy creo que quedaron libres otros cinco integrantes de lo que en la prensa llaman primera línea, como si fueran terroristas y no son sino líderes que estuvieron en una protesta social”, sostuvo Petro.

De la misma manera, el mandatario colombiano hizo referencia a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el estallido social, en el cual varios jóvenes protagonizaron bloqueos y desmanes en el paro nacional.

“Expidió unas recomendaciones en el momento del estallido social al Gobierno colombiano, que igual es para mí, son recomendaciones a quien esté en el Gobierno, una de ellas en esas recomendaciones, porque hubo una acerca de la reforma de la Policía, hubo otra con el tema de las indemnizaciones y la reparación de los familiares, o de las víctimas sobrevivientes al estallido social”, subrayó el mandatario colombiano.

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Cabe recordar que a la jueza Lilyan Jhoana Bastidas, coordinadora del centro de servicio judiciales de Paloquemao en Bogotá, quien dejó en libertad a varios miembros de la primera línea, la citaron a audiencia por este motivo.

Según la Fiscalía, las competencias que tenía la juez para ordenar la libertad de los procesados; ella, como coordinadora del centro de servicios judiciales, debió asignar la competencia de la solicitud que elevó el Gobierno nacional y no tomar la decisión, pues no era ella la encargada del proceso.


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