En un fallo histórico que remece los cimientos de la justicia caucana, la Corte Suprema de Justicia condenó al juez Rubén Darío Hurtado Gironza por el delito de prevaricato por acción, tras comprobar que en 2019 revocó de manera irregular la medida de aseguramiento contra el entonces alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro. La sentencia, identificada como SP1857-2025, Rad. 66.399, concluyó que la actuación del juez fue “manifiestamente contraria a la ley” y constituyó un favorecimiento injustificado hacia el exmandatario.
Un fallo que desnuda la corrupción
El caso tiene su origen en el polémico contrato firmado entre la empresa de telecomunicaciones EMTEL y la firma privada QUIPUX durante la administración de Gómez (2016–2019), un negocio que levantó sospechas de corrupción y motivó investigaciones de los órganos de control. Pese a los graves señalamientos, en 2019 el juez Hurtado Gironza tomó la decisión de revocar la medida de aseguramiento que mantenía privado de la libertad al alcalde, abriéndole la puerta para retomar su defensa en libertad.
Hoy, seis años después, la Corte Suprema dictamina que aquella decisión fue ilegal y que el juez actuó en contra del ordenamiento jurídico, configurando un precedente sin precedentes en Popayán, donde la ciudadanía ha cuestionado reiteradamente la manera en que el poder político se mezcla con los estrados judiciales.
Implicaciones políticas y jurídicas
Más allá de la condena, el fallo abre un nuevo debate en la opinión pública: ¿podría esta decisión reabrir la discusión sobre la responsabilidad penal de César Cristian Gómez? Aunque no se trata de una sentencia directa contra el exalcalde, la Corte deja en evidencia que su liberación fue producto de una decisión amañada, lo cual podría reactivar procesos judiciales en su contra.
