La reciente decisión del Concejo Municipal de Campoalegre ha encendido las alarmas en sectores jurídicos y ciudadanos. Con el voto mayoritario de los concejales, se le otorgaron al alcalde del municipio facultades amplias para modificar, trasladar y ejecutar el presupuesto municipal sin necesidad de regresar al cabildo. Una medida que, según expertos, desdibuja la separación de poderes locales y vulnera el principio constitucional de control político.
Jesús Leonardo Cortés Fierro, presidente del Concejo, ha sido blanco de críticas por liderar esta polémica aprobación. Aunque sostiene que la decisión buscaba «agilizar procesos administrativos», analistas aseguran que se trata de una renuncia irregular a una función que la ley reserva exclusivamente al órgano colegiado.
Procuraduría
El caso ya está en el radar de la Procuraduría General de la Nación. La delegada para la Vigilancia Administrativa ha solicitado información sobre los términos en que fue concedida la autorización y si se presentaron estudios previos, dictámenes jurídicos o sustentos técnicos que justifiquen la medida.
Desde el Ministerio Público se advirtió que esta clase de decisiones pueden derivar en investigaciones disciplinarias por omisión de funciones y extralimitación de competencias administrativas. Además, se teme que con esta vía libre al gasto público se abran puertas a manejos opacos de recursos.
El presidente del Concejo ha defendido su postura asegurando que “no se ha violado la ley y que todo se hizo en el marco de la necesidad del municipio”. Sin embargo, distintas voces en Campoalegre, incluso dentro del mismo Concejo, consideran que se está jugando con fuego institucional.
“Esto no es un tema de agilidad, es un tema de legalidad y transparencia”, señaló una fuente cercana a la administración anterior. La ciudadanía también ha empezado a manifestar su preocupación por redes sociales, reclamando mayor rendición de cuentas y vigilancia al uso de los recursos públicos.
Comunidad
La decisión deja una pregunta en el aire: ¿se trata de un acto de gobernabilidad o de una grave irresponsabilidad política? Lo cierto es que, en la administración pública, los atajos suelen tener consecuencias, y más cuando se trata del presupuesto, columna vertebral del desarrollo municipal. Entregar un cheque en blanco al alcalde sin establecer límites, parámetros o un cronograma de control periódico, representa no solo una omisión institucional, sino una peligrosa forma de gobernar por confianza ciega. La ciudadanía merece claridad, los recursos públicos exigen vigilancia, y la democracia local necesita concejales que asuman su rol con firmeza, criterio y responsabilidad. La historia ha demostrado que cuando los órganos de control fallan, es la comunidad la que termina pagando los errores con servicios deficientes, obras inconclusas y presupuestos que desaparecen sin explicación. La lupa ya está puesta, y el reloj institucional corre.