El Gobierno de Colombia logró que el Presupuesto General de la Nación 2026 (PGN 2026) fuera aprobado recientemente por el Congreso con un monto estimado de ≈ $546,9 billones de pesos. Aunque representa un aumento en términos nominales respecto a años anteriores y refleja una apuesta por la inversión pública —especialmente en infraestructura—, el plan enfrenta múltiples desafíos: crecimiento del gasto público por encima de lo previsto, ingresos condicionados a una reforma tributaria, y un alto grado de rigidez estructural en las finanzas del Estado que ponen en duda la sostenibilidad fiscal del esfuerzo.
Contexto económico y financiero
- Según el análisis del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el déficit primario previsto para 2026 podría situarse en ~2 % del PIB, mientras que el déficit total ronda el 6,2 % del PIB.
- El presupuesto aprobado contempla una estructura de crecimiento del gasto público estimado en 5,3 % frente a 2025, pero solo un 1,9 % de crecimiento real, lo que implica que casi todo el incremento se explica por inflación u otros factores no productivos.
- Una parte significativa de los recursos están condicionados: por ejemplo, cerca de 16 billones de pesos están clasificados como “ingresos contingentes”, es decir dependientes de la aprobación de la reforma tributaria o de otros supuestos de recaudo que no están asegurados.
- Además, el CARF advierte que el 88 % del gasto total proyectado para 2026 será inflexible, lo cual implica que solo una pequeña porción del presupuesto podrá redirigirse ante eventualidades o para reasignaciones estratégicas.
Enfoque en infraestructura pública
Dentro del PGN 2026, la infraestructura pública —vías, puentes, mantenimiento vial, infraestructura regional, transición energética— es uno de los ejes señalados para la inversión del próximo año.
- La apuesta del Gobierno es disminuir brechas territoriales: se señala que regiones históricamente con menos acceso (como zonas rurales, Caribe, Pacífico) recibirán atención creciente en su parte de inversión.
- Sin embargo, el reto está en lograr que esas promesas se traduzcan en ejecución eficiente. Los proyectos de infraestructura suelen enfrentar demoras, sobrecostos y otros problemas operativos que pueden debilitar los efectos esperados.
Principales retos
- Financiación incierta: la dependencia de supuestos de recaudo tributario que aún no se concretan genera un riesgo de que los recursos anunciados no se materialicen.
- Rigidez del gasto: con casi nueve de cada diez pesos comprometidos en gastos inflexibles y obligaciones legales o constitucionales, el margen de maniobra es muy reducido para eventuales ajustes o para priorizar con agilidad.
- Ejecución de la inversión: no basta con asignar recursos; se debe garantizar que los proyectos de infraestructura se ejecuten, se liciten correctamente y cumplan plazos y costos. De lo contrario, las expectativas de desarrollo territorial se quedan en promesa.
- Sostenibilidad fiscal a mediano plazo: el crecimiento del endeudamiento público para financiar gasto y déficit, sin una senda clara de consolidación, puede generar presión sobre la calificación crediticia del país y sobre el costo de financiamiento externo.
- Contexto global y doméstico desafiante: la economía de Colombia enfrenta un escenario de crecimiento moderado, lo que limita los ingresos fiscales adicionales; al mismo tiempo, los costos del mantenimiento de infraestructura, de la seguridad social y otros rubros siguen presionando las cuentas del Estado.
¿Qué implica para los territorios y la ciudadanía?
Para departamentos y municipios, este presupuesto representa una oportunidad para mejorar sus redes de infraestructura —mejores carreteras, accesos a servicios, inversión social vinculada a obra pública—. Pero también una advertencia: si los recursos no llegan o no se ejecutan correctamente, las brechas pueden seguir ampliándose.
Para los ciudadanos, es un momento de expectación: mayores inversiones podrían traducirse en empleos, mejor conectividad, servicios públicos más eficientes. Pero también se abre la posibilidad de que, ante falta de financiación o ejecución deficiente, el presupuesto no cumpla lo prometido.
Conclusión
El PGN 2026 en Colombia plantea una hoja de ruta ambiciosa para la infraestructura pública y el gasto social. Sin embargo, el contexto fiscal exige precaución: el crecimiento del gasto no puede superar la capacidad de financiación, y la inversión en infraestructura, para ser efectiva, debe acompañarse de ejecución eficiente. En definitiva, el país está en un cruce clave: aterrizar ambiciones de desarrollo territorial y social sin perder la sostenibilidad de sus cuentas públicas.
