La aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026, con el respaldo mayoritario del Congreso, fue interpretada por varios analistas como una muestra clara de apoyo político al Gobierno Nacional. El plan de gasto, que contempla un aumento en inversión social y en proyectos de infraestructura, se aprobó sin modificaciones sustanciales frente a la propuesta inicial del Ejecutivo, lo que refleja una alineación entre las bancadas oficialistas y algunos sectores de la oposición moderada. Esta decisión ha sido vista como un voto de confianza en la dirección económica trazada por el Ministerio de Hacienda.
No obstante, el aval presupuestal ha despertado interrogantes sobre si este respaldo implicará un compromiso tácito para avanzar también con la nueva reforma tributaria que el Gobierno planea presentar en las próximas semanas. Varios congresistas que apoyaron el presupuesto han manifestado que la discusión tributaria será más compleja, pues implica revisar fuentes de ingresos, beneficios fiscales y el impacto en el sector empresarial. Aun así, el ambiente político parece más favorable que meses atrás, especialmente tras los acuerdos logrados en torno al gasto público y la financiación regional.
De fondo, la aprobación del presupuesto 2026 consolida una estrategia política del Gobierno para generar estabilidad y mostrar resultados concretos antes de impulsar reformas estructurales. Con esta victoria legislativa, el Ejecutivo busca ganar margen de maniobra frente a la opinión pública y enviar un mensaje de gobernabilidad a los mercados internacionales. Ahora, el desafío será mantener ese mismo consenso cuando llegue la hora de discutir los cambios tributarios, un escenario donde las tensiones entre regiones, partidos y gremios podrían volver a ponerse a prueba.
